El gobierno de Nicolás Maduro rechazó "enérgicamente" las sanciones adoptadas este lunes por la Unión Europea contra siete altos funcionarios venezolanos, acusando al bloque de subordinarse a la administración "supremacista y racista" del presidente estadounidense, Donald Trump.
"La Unión Europea vuelve a ofrecer pruebas irrefutables de su notable subordinación ante el gobierno supremacista y racista de Donald Trump. Estas decisiones denotan una política errática e intervencionista", señaló la Cancillería en un comunicado.
El ministerio de Exteriores calificó de "ilegal" la medida adoptada por los cancilleres de la Unión Europea contra los funcionarios, a los que acusa de ser responsables del "deterioro" de la situación en Venezuela y les prohíbe viajar a los países del bloque.
"Esta conducta obsesiva hacia Venezuela arrastra a la Unión Europea a infringir sus propios principios fundacionales, convirtiéndose en instrumento al servicio de las pretensiones imperialistas del gobierno estadounidense", añade el texto.
El gobierno de Trump, al igual que el de Canadá, ha sancionado a Maduro y a varios de sus funcionarios. Washington, además, prohibió a sus ciudadanos transar nuevos bonos de deuda de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA.
La Cancillería indicó que "se reserva las acciones necesarias para defender la dignidad" del país petrolero.
La Unión Europea sancionó al ministro de Interior, Néstor Reverol; al número dos del chavismo, el constituyente Diosdado Cabello, y a la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena.
En la lista también figuran Maikel Moreno, presidente de la corte suprema; Tarek William Saab, fiscal general; Gustavo González López, jefe del servicio de inteligencia; y Antonio Benavides, excomandante de la militar Guardia Nacional.
El bloque los señala por "menoscabar la democracia y el Estado de derecho", "graves violaciones de los derechos humanos" y reducir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora.
Se trata las primeras sanciones individuales adoptadas por la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. Sin embargo, aprobó en noviembre un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la "represión interna".
