El diferendo limítrofe que tuvo que enfrentar el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2012, producto de una demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, parece haber revivido casi 9 años después. Hoy el Gobierno de Iván Duque protesta en contra del país centroamericano por la aprobación de la autodenominada, por la asamblea de ese país, como “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”.

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (Marena) el proyecto fue presentado con carácter de urgencia por el Gobierno de Daniel Ortega y busca “proteger el patrimonio natural de la nación y garantizar el ambiente del pueblo a un ambiente saludable para enfrentar las consecuencias del cambio climático”.

De hecho, según la institución, la iniciativa protege casi 4 millones de hectáreas que incluyen “72 áreas protegidas, y agrega a la Reserva de Biosfera, a la Costa Caribe, conformada por la zona marítima restituida a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia de la Haya”.

Según la diputada Florence Levy Wilson, citada por el ministerio de ese país, “esto habla del gran esfuerzo que ha venido realizamos nuestro Gobierno fortaleciendo el sistema nacional de áreas protegidas que es donde se están desarrollando acciones de conservación de nuestra Biodiversidad”.

Ante esta realidad el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en cabeza de la ministra Claudia Blum, presentó ante Nicaragua una enérgica protesta frente a la aprobación de la ley.

“Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la UNESCO”, aseguró en un comunicado el ministerio colombiano.

En la nota la Cancillería “rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio. La declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”.

Además el ministerio colombiano indica que al ser una ley proferida por el congreso de Nicaragua solo afecta a dicho país y no a otras naciones.

Colombia indica que “no ahorrará esfuerzo alguno en la defensa ante instancias internacionales de los más altos intereses de la Nación, incluidos los derechos de los colombianos, entre ellos los de la población Raizal y de todos los habitantes del Archipiélago”.

Además, sostiene que tiene toda“la disposición para adelantar un diálogo abierto con los Estados del Caribe suroccidental en aras de continuar adoptando los mejores estándares de protección y conservación de los espacios marítimos y los recursos de la Reserva de Biósfera Seaflower establecida en el marco de la UNESCO”.

Un conflicto de años

En el 2012 la Corte Internacional de Justicia de la Haya emitió una sentencia con la cual buscó resolver de fondo la disputa territorial entre Nicaragua y Colombia sobre sus fronteras, el conflicto, con más de un siglo de antigüedad, indicaba que la delimitación había sido arbitraria y afectaba los intereses de Nicaragua.

En el fallo se confirmó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y las islas de Quitasueño, Serranilla y Albuquerque, sin embargo, se amplió el territorio de Nicaragua cambiando los límites establecidos en el meridiano 82 por distintas coordenadas.

Producto del fallo Colombia se retiró del llamado Pacto de Bogotá lo que puso fin a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre los límites del país. Además, en 2014, la Corte Constitucional aseguró que los fallos de las Cortes internacionales no pueden definir los límites de la nación y que para ello se necesita un tratado firmado por el Congreso y ratificado por el Presidente de la República.

Pese a que en 2013 Colombia se retiró del Pacto de Bogotá ese mismo año Nicaragua presentó dos nuevas demandas. La primera buscaba que Colombia respetara los parámetros establecidos en el fallo del 2012; y una segunda, que pretendía se le reconociera una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas medidas desde su costa.

Sin embargo, en el 2015 Colombia alegó ante la Haya que ese tribunal no tenía competencias para proferir nuevos fallos pues lo que se había dicho en el 2012 era palabra final. Sin embargo, un año más tarde la corte se declaró competente para analizar las pretensiones de Nicaragua. Frente a esa nueva arremetida la Cancillería en 2017 presentó sus argumentos que, a su juicio, “incluyeron pruebas científicas, jurídicas e institucionales”.

Ese mismo año, y pese a estar fuera del pacto de Bogotá, el gobierno colombiano presentó dos demandas en contra de Nicaragua, pasando de demandado a demandante, los argumentos de dichas acciones legales fueron aceptados por la Corte Internacional de Justicia.