Por: Antonio Paz Cardona / Mongabay Latam
Cada nuevo año plantea diferentes desafíos. A continuación se presentan algunos de los temas que estarán en el centro del debate ambiental durante el 2020 en Colombia.
Atacar con fuerza la deforestación
Este sigue siendo uno de los principales desafíos ambientales de Colombia para el 2020. Anualmente, el país presenta las cifras de deforestación del año anterior. En 2017, se perdieron 219.973 hectáreas y la preocupación era grande pues el número venía incrementándose exponencialmente desde 2015. En 2018, luego de tres años consecutivos de aumento, hubo una reducción del 10% y la deforestación pasó a 197.159 hectáreas.
Aun así, en 2019, hubo críticas por la forma en que el Ministerio de Ambiente estaba sacando sus estadísticas y aún más por la meta que el gobierno se fijó para el periodo 2018 - 2022. En el Plan Nacional de Desarrollo -la hoja de ruta con la cual se rige el país durante cuatro años- se planteaba que la tasa anual de deforestación no subiría pero tampoco bajaría. Es decir, el Gobierno Nacional está dispuesto a tolerar una pérdida de bosque de cerca de 220.000 hectáreas al año y de cerca de 900.000 hectáreas en el cuatrienio.
En diciembre, durante la Cumbre del Clima en Madrid (COP 25), el Ministerio de Ambiente sorprendió al firmar una declaración en la que el país se compromete a una meta de deforestación de 155.000 hectáreas para 2022 y de 100.000 para 2025, gracias a un apoyo de 366 millones de dólares de Alemania, Noruega y Reino Unido.
“A mi juicio el tema de la deforestación es el principal problema ambiental que tiene Colombia hoy. Si no se disminuye, todas las demás responsabilidades que tiene este país en biodiversidad y servicios ambientales estarán en entredicho”, dice Carlos Castaño Uribe, director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe y exdirector de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
A Castaño le preocupa sobre todo la pérdida de los bosques amazónicos pues, según dice, la biodiversidad y el recurso hídrico colombiano dependen de los procesos regulatorios que ejerce la Amazonía. “Tenemos páramos gracias a que existe la Amazonía, sin ella no habría oportunidad de tener el recurso hídrico, que hoy es uno de los grandes activos de Colombia. Si la deforestación sigue va a generar rápidamente no solo un problema de seguridad alimentaria sino de seguridad nacional”, asegura.
Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, coincide en que la deforestación es el gran problema ambiental del país y que reducirla es sin duda el principal desafío. Asegura que ahora se avanza en el catastro multipropósito, que permitirá que el país conozca mejor sus tierras y se espera que en 2020 se culmine y, por otro lado, cree que el reto está en que los temas ambientales sean interiorizados por los ciudadanos urbanos, que componen la gran mayoría de la población colombiana. “El tema de los bosques está muy lejano del ciudadano urbano y eso es un gran problema”.
Rodríguez calificó como un avance que el presidente Iván Duque, durante una de las mesas de negociación convocadas durante el paro, se comprometiera a una meta de cero deforestación dentro de los parques Nacionales. Un compromiso al que habrá que hacerle seguimiento durante 2020.
Uno de los principales obstáculos que tienen países como Colombia para reducir la deforestación es la falta de presupuesto. De ahí que el anuncio de una cooperación de 366 millones de dólares sea importante para el país. “A través de esta alianza, Colombia está ganando la batalla contra la deforestación. Ahora, con esta nueva fase de cooperación entre Noruega, Alemania y Reino Unido continuaremos fortaleciendo nuestra capacidad para reducir las tendencias de deforestación a nivel local, fomentando los beneficios sociales y económicos”, dijo Ricardo Lozano Picón, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.
Algunos de los objetivos que se fijaron fueron: para 2022 se incluirán 195.000 hectáreas adicionales al programa de pago por servicios ambientales; se restaurarán 200.000 hectáreas en áreas de alta deforestación; se incluirán 147.000 hectáreas a sistemas de ganadería sostenible y cero deforestación y, para 2025 se espera que 500.000 hectáreas tengan una gestión sostenible de los bosques en el programa nacional de Forestería Comunitaria.
El abogado ambiental Rodrigo Negrete afirma que debe hacerse un seguimiento al uso de esos recursos pues considera que los programas existentes “no están produciendo los efectos esperados en reducción de la deforestación”.
A cumplir con los ríos sujetos de derechos
A inicios de año Hidroituango impidió el paso de agua del río Cauca por más de una semana. Foto: EPM.
El 10 de noviembre de 2016, la Corte Constitucional declaró al río Atrato, que atraviesa parte de los departamentos de Chocó y Antioquia, como sujeto de derechos. Antes de esta sentencia, los únicos en Colombia que tenían derechos eran las personas. Esta decisión marcó un hito para el país y se convirtió en una esperanza para las comunidades que viven en la cuenca de uno de los ríos más afectados por la contaminación del agua, principalmente por actividades mineras ilegales.
En abril de 2018, la Amazonía colombiana también fue reconocida como sujeto de derechos luego de que la Corte Suprema fallara a favor de una demanda presentada por 25 niños y jóvenes en la que pedían acciones para frenar la deforestación de esta región. Sin embargo, un año después de esa orden el balance no era positivo. En abril de 2019, César Rodríguez de la organización DeJusticia, y quien firmó como representante legal la demanda, le dijo al diario El Tiempo que la sentencia había tenido un efecto simbólico importante, al lograr avivar un debate público alrededor de la pérdida acelerada de bosque natural en Colombia, pero que le preocupaba la falta de acción de funcionarios y entidades.
El año pasado se vivió una intensa jornada de declaratorias de ríos como sujetos de derechos. Para mitad de año ya se habían sumado Coello, Combeima, Cocora y Cauca, el segundo más importante del país. En el segundo semestre del año, la justicia también le dio derechos a Pance, Quindío y Magdalena, el principal río de Colombia.
En 2020, Colombia tiene la obligación de cumplir al menos con 10 sentencias, pero los expertos son escépticos pues la Amazonía y el Atrato -que tienen dos de las órdenes judiciales más antiguas- no han tenido avances tan significativos.
Rodrigo Negrete dice que si bien en el 2019, se reconocieron muchos ríos como sujetos de derechos, el reto está en las obligaciones que se le imponen al Estado en términos de conservación y uso sostenible, que hasta ahora no se estarían cumpliendo. “Cada vez que se hace una declaratoria de sujeto de derechos lo que se demuestra es que hay un déficit de protección ambiental y eso es muy grave”, asegura.
Además, considera que esta seguidilla de declaraciones no es adecuada pues ya en la sentencia del río Atrato -la más antigua- la Corte Constitucional dijo que toda la naturaleza era sujeto de derechos, “no había necesidad de hacer esto caso por caso”, comenta y añade que “en el fondo se quedan como una mera noticia pero no se producen acciones concretas de protección”.
Negrete va más allá y critica que muchas de estas nuevas declaratorias han sido hechas por jueces que no son especializados en medio ambiente por lo que quedan en evidencia falencias en las argumentaciones. Su crítica más fuerte es sobre la sentencia del río Magdalena pues en ella se plantea que la hidroeléctrica El Quimbo, en el departamento de Huila, generó una serie de afectaciones al río que se agravan debido a que 17 de los 37 municipios del departamento no tienen planta de tratamiento de aguas residuales. “Con base en la situación que vive el río en un solo departamento se hicieron extensivas medidas a toda la cuenca, sin darle oportunidad a otros actores de que se expresen, el río podría estar incluso peor en otros departamentos. Es complicado que jueces penales aborden estos temas”.
Soluciones para los asesinatos y amenazas de líderes
Francia Márquez con su familia en el río. Foto: Premio Goldman.
Los continuos asesinatos y amenazas a líderes ambientales, sociales e indígenas seguirán estando en la agenda nacional en el 2020. La indignación y la presión en este tema -evidenciado con fuerza en el paro nacional que inició el 21 de noviembre- llevó a que el pasado 10 de diciembre el gobierno anunciara la creación del Marco de la Política Pública de Protección Integral y Garantías para líderes sociales, comunales, periodistas y defensores de Derechos Humanos que habría sido construida de manera consensuada con la participación de todos los sujetos y en más de 100 mesas de trabajo.
“La razón de este Marco de Política Pública es justamente tener la mejor información, como primera base; fortalecer las instituciones que tienen que velar por la protección; tener la mejor infraestructura en términos de seguridad y de atención. Va de la mano con la política de seguridad nacional, va de la mano de la política que busca enfrentar el reclutamiento de menores, va de la mano de la política de participación ciudadana”, dijo el presidente Iván Duque.
A pesar de esto, organizaciones como Somos Defensores, que formó parte de las mesas de trabajo, tiene otra percepción de la política que se anunció y sus expertos siguen preocupados por lo que pase con los líderes en 2020. Diana Sánchez, directora de Somos Defensores, aseguró que la política anunciada por el gobierno “es una simulación. No hay tal, no presentaron nada, porque no se hizo. Están cañando [engañando] con un documento que muestra solo una intención”.
Para Sánchez, el reto para este año es que en el diálogo con el gobierno se logre un plan de acción oportuno que vaya más allá de la estrategia militarista de los territorios. “Está demostrado que donde hay más militarización la situación es más caótica. Hasta ahora el Estado no ha mostrado más que eso”, dice.
La directora de Somos Defensores afirma que muchas organizaciones finalmente decidieron sentarse con el gobierno para trabajar en la política de protección de defensores, a pesar de que, según sostiene, el Acuerdo de Paz con las FARC dejó un marco de política pública de garantías para el ejercicio de liderazgos sociales y oposición política. Y no solo esto sino que la propuesta institucional era crear un documento Conpes -un documento que no es vinculante y que da lineamientos para desarrollar una política-.
“Se debe implementar el Acuerdo de Paz, porque tiene unas disposiciones importantes para garantizar la vida de los líderes sociales. Está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política, la Comunidad Nacional de Investigaciones para casos de asesinatos de líderes sociales y excombatientes, el cuerpo de élite de la policía para la paz, el fortalecimiento de las alertas tempranas y el Comité de Intervención de Respuestas Tempranas. Si eso se cumpliera se mejorarían los contextos en los territorios”, comenta Sánchez. La ejecución de lo anterior es algo que parece bastante incierto este año. “El problema es la voluntad del gobierno”, concluye.
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