La Procuraduría Provincial determinó separar de su cargo por tres meses al secretario general de la Alcaldía de Cúcuta, Jimy Galán, por incurrir en irregularidades en las contrataciones.
La medida hace parte de un proceso disciplinario que el ente de control le sigue a Galán y a un grupo de funcionarios de la Alcaldía entre los que también figuran secretarios y exsecretarios de despacho, el equipo de asesores jurídicos del municipio, asesores externos e interventores de obras.
Según documentos que conoció La Opinión, el procurador provincial Alfonso Luis Suárez Espinosa formuló ocho cargos a Galán, derivados de cuatro quejas de ciudadanos ante esa entidad.
Dichas quejas están relacionadas por contratos de la campaña de promoción de valores (cartilla Varira), uno de prestación de servicios a Sherman Albeiro Bonilla, el del Parque Cúcuta 300 años, con el consorcio Tricentenario, el de alcosensores (Tránsito), uno de obra civil del Colegio Consejo de Cúcuta y el contrato con la Asociación de Profesionales Independientes Activos de Norte de Santander (Asoproid).
Las faltas en las que se encontró inmerso a Galán están relacionadas con presuntas irregularidades disciplinarias, como por ejemplo, al celebrar contrato con el consorcio Tricentenario por la suma de $5 mil 880 millones para la construcción del parque Cúcuta 300 años, “sin que se hubieran elaborado los estudios y diseños requeridos”.
Asimismo, por permitir tolerar que el mencionado contratista obtuviera un incremento patrimonial injustificado en la suma de $59 millones para la licencia de construcción del proyecto, “siendo que por ser un inmueble municipal no se debía realizar ese gasto”, señala la Procuraduría.
Estos contratos tienen vigencia de 2013, 2014 y 2015.
La queja contra Galán está orientada en las irregularidades en la etapa de ejecución y planeación de los contratos, que según la Procuraduría son fallas reiterativas que ponen en riesgo la actuación contractual.
Al mismo proceso que se le sigue a Galán fueron vinculados también Jerónimo Ayala, exsecretario de Educación; María Eugenia Navarro, exsecretaria de Cultura; Clara Paola Aguilar, asesora de la oficina jurídica de la alcaldía; Carmen Cecilia Valderrama, asesora jurídica externa; Yrli Yessenia Pacheco, subsecretaria de Contaduría; Oswaldo Grajales, exsecretario de Infraestructura; Julio Mario Villamizar, en su condición de interventor (RL Proeza Consultores SAS), para la obra de construcción Parque Cúcuta 300 años; Juan Carlos Sierra, actual secretario de Infraestructura; Néstor Javier Ardila, exsecretario de Tránsito; Diana del Pilar Gutiérrez, asesora jurídica externa, al igual que Robinson Gerardo Ardila, asesor, Jaime Tenorio, asesor.
Al ser indagado por la medida de la Procuraduría, Galán dijo que la acataba con respeto. Precisó que durante la suspensión transitoria, el Ministerio Público podrá verificar su comportamiento, que siempre ha estado ajustado a la ley.
Contraloría también lo investiga
El contralor, Carlos Eduardo Coronel, emitió serias advertencias contra el alcalde Donamaris Ramírez, el secretario jurídico, Mauricio Quintero, el jefe de Control Interno Freddy Martínez y el secretario General de la alcaldía, Jimy Galán, por las presuntas irregularidades en los procesos contractuales avocados con relación a la contratación de parqueaderos para vehículos inmovilizados por violación al Código de Tránsito.
Una de las irregularidades descubiertas en el proceso de auditoría que llevó a cabo el órgano de control fiscal fue la celebración de seis otrosí por parte de Galán al contrato para parqueadero “sin una justificación legal que así lo determinara”.
También se evidenció que la Alcaldía evadió figuras jurídicas que debían implementarse, como es la licitación pública.
También se vulneró los principios de planeación y selección objetiva a la hora de suscribir los contratos. Tampoco se ejerció verdadero seguimiento y control al cumplimiento de los objetos contractuales en los diferentes contratos, según se desprende de la advertencia notificada por Coronel a los implicados.
