Entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia documentó 214 "alegaciones de homicidios de personas defensoras", que es como la entidad nombra a las denuncias recibidas tras la muerte de líderes sociales.

El número, aunque sigue siendo alarmante, significa una disminución respecto a lo reportado el año pasado durante el mismo período, cuando la Oficina recibió 236 alegaciones. El dato luego aumentó al terminar el año, teniendo un consolidado de 256 quejas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Entre las 214 alegaciones de este año, 69 casos han podido verificarse, 47 siguen en proceso de contrastación o verificación en terreno —para determinar si se cumplen con los parámetros establecidos por la ONU— y 98 casos se han calificado como "no concluyentes", debido a que la Oficina no logró establecer que se cumplieran dos criterios.

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Es por ello que 41 de las 98 denuncias no concluyentes se enmarcan en líderes y lideresas en las que, aunque fueron asesinadas, "los presuntos móviles no están relacionados con su trabajo como personas defensoras", según lo que explicó ONU Derechos Humanos este jueves en su informe.

El porcentaje de alegaciones verificadas es de poco más de 32%. Esa tasa también presentó una disminución respecto al año anterior, cuando entre enero y noviembre ONU Derechos Humanos logró evidenciar 89 casos, lo cual representó el 37,7% de todos los episodios denunciados.

Las 69 denuncias verificadas en 2023 se dividen en ocho en las que las víctimas fueron mujeres, sesenta en las que fueron hombres y una en la que se trató de una persona no binaria. De las ocho mujeres, siete pertenecieron a Juntas de Acción Comunal, dos fueron afrodescendientes, una fue una indígena y tres fueron campesinas.

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Por su parte, los 47 casos en verificación recogen dos homicidios de hombres homosexuales, 8 hombres indígenas, cinco hombres afrodescendientes, doce campesinos, una mujer indígena y cuatro mujeres campesinas. Tres mujeres, entre las ocho en total cuyas alegaciones se verifican, pertenecían a Juntas de Acción Comunal.

Las 116 muertes verificadas o en verificación dejaron pérdidas en varios ámbitos de defensa de derechos humanos. El principal de ellos es el sector de los derechos comunitarios, defendido principalmente en las Juntas de Acción Comunal, pues el 22% de las personas asesinadas en medio de esas 116 alegaciones ejercía esa labor.

El 14% de los casos fue de defensores de derechos de poblaciones campesinas, el 12% defendía derechos políticos, el 10% protegía derechos de los pueblos indígenas, otro 10% lideraba acciones frente a derechos a la tierra y territorio, así como otro 10% encabezaba luchas por los derechos económicos, sociales y culturales.

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El departamento con más asesinatos verificados fue Cauca, con quince. En los municipios Balboa y Caldono, cada uno, hubo dos casos, lo que significa uno menos que los cotejados en Tame, en Arauca, un departamento en el que hubo cinco asesinatos de defensores que la ONU pudo constatar según sus pautas.

En Valle del Cauca y en Nariño hubo ocho casos verificados. La mitad de los casos de Nariño se presentó en Tumaco. En Norte de Santander, como en Arauca, hubo cinco. En Caquetá se pudieron verificar cuatro casos, mientras que en Bogotá hubo tres y en Cesar, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Antioquia, Huila, Putumayo y Guaviare hubo dos.

Las cifras de ONU Derechos Humanos llegan apenas horas después de que la Defensoría del Pueblo confirmó que este año documentó 163 homicidios de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos entre enero y noviembre de 2023. Se trata de un balance con menos personas asesinadas que el año pasado, pero que, aun así, es preocupante.

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