"Adiós a las armas, adiós a la guerra, bienvenida la paz", fueron las palabras con la que terminó su discurso el jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño o Timochenko, quien dijo que este 27 de junio no termina la existencia de las Farc, sino terminan los 53 años de estar alzados en armas, "pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático".
"Las Farc con la seriedad que nos caracteriza seguimos adelante con el cumplimiento del tercer punto del acuerdo final, 'El fin del conflicto', y lo hacemos con la mayor buena fe. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese el fuego acredita que no le fallamos a Colombia: ¡Hoy dejamos las armas!", dijo.
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Con este acto, afirmó, debe cesar toda persecución política en Colombia y abrirle las puertas a una nueva democracia liberal. Y, por supuesto, dijo se debe aplicar lo acordado, como la reforma rural integral que impulse el auge de la economía campesina; que se dé realmente la apertura política -que incluye las circunscripciones especiales "que no deben tener ninguna objeción"; que se ponga fin a la política de "guerra" contra los pequeños campesinos por medio del acuerdo para la lucha contra el narcotráfico; y aplicar la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la cual dijo hay riesgos y que falta cumplimiento por parte del Estado.
"El proceso de la creación de Jurisdicción Especial para la Paz se relentiza sometidos a ataques despiadados de enemigos de la paz (...) no se ven los mecanismos de investigación y combate en contra de las bandas criminales y paramilitares. Una ampliación y eficiente Misión de la ONU se encargó de verificar el cese el fuego y la dejación de las armas, pero cuando se tramita una segunda observación para verificar el cumplimiento estatal en los acuerdos, el clima estatal se enrarece de manera suspicaz", dijo.
Pero también habló de negligencia estatal al no cumplir su palabra, "los asesinatos de dirigentes populares no se detienen mientras crece la amenaza paramilitar en todo el país", asesinatos que ya han cobijado a milicianos y guerrilleros indultados. Reclamó que hay trabas burocráticas, administrativas, judiciales y políticas en la aplicación de varios mecanismos, "la actuación estatal debe ser inmediata. Nada justifica su demora".
"Resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas permanezcan en prisión a seis meses de expedida una ley de amnistía e indulto que garantizaba su libertad en 10 días. Ellos y sus familias adelantan o preparan acciones de protestas para detener el sufrimiento, nada de esto debería ser necesario", dijo.
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Reclamó también la falta de medidas para la reincorporación social y económica que requiere medidas urgentes y afirmó que con este avance, "con la legitimidad suficiente para solicitar la solidaridad de la comunidad internacional", para que se revise cómo va el cumplimiento por parte del Estado.
"Hoy damos certeza expresa de cómo las Farc cumplimos nuestras obligaciones", dijo.
