El jefe del grupo negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, y el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, fueron citados a la Procuraduría General de la Nación dentro de la investigación formal que se le abrió al ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, por el acto de proselitismo armado realizado por las Farc en el corregimiento Conejo, zona rural de Fonseca, La Guajira, el pasado 18 de febrero.

En el auto de apertura de investigación, conocido por Colprensa, el procurador Alejandro Ordóñez además citó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Todos deberán exponer allí todo lo que sepan sobre dicho acto.

Las pruebas ordenadas por la Procuraduría incluyen que el Ministerio de la Defensa, el comando de las Fuerzas Armadas, del Ejército Nacional y las unidades militares en la zona entreguen en el curso de cinco días hábiles el detalle de las comunicaciones internas entre el 15 y el 26 de febrero, respecto a Conejo.

Se solicita, específicamente, los “documentos o radiogramas de la totalidad de las órdenes que: recibieron y/o impartieron respecto a las unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional ubicadas en La Guajira”.

También deberán informar cuál es la presencia y el dispositivo permanente de la Policía Nacional en la zona para esos días.

Igualmente, la Aerocivil deberá aportar “copia de las órdenes recibidas y emitidas por la entidad respecto a la restricción de vuelos en un radio de 100 km alrededor del corregimiento Conejo en el período comprendido entre el 15 de febrero y el 26 de febrero de 2016”.

El alto comisionado para la Paz deberá remitir copia de los protocolos que se hayan acordado entre el Gobierno Nacional y las Farc para la realización de las denominadas “visitas pedagógicas” de miembros de la delegación de la guerrilla a campamentos en el país.

Allí se deberá precisar el “nombre e identificación de las personas que en representación del Gobierno Nacional suscribieron tales protocolos con las Farc” y se deberá aportar la identificación de las personas que en representación del Gobierno Nacional “acompañaron y/o controlaron el traslado de los miembros de las Farc y las ‘visitas pedagógicas’”.

Igualmente, se deberá aportar la lista completa de las “visitas pedagógicas” que se han efectuado “indicando fecha, lugar, nombres de los participantes de las Farc y de personas en representación del gobierno nacional”.

Entre las pruebas ordenadas también está la copia de la solicitud conjunta del Gobierno y las Farc al Comité Internacional de la Cruz Roja para el traslado de guerrilleros a cada una de las visitas; así como  una relación detallada de mediadas de seguridad que adoptó el Gobierno Nacional para la realización de las mismas y una copia de las órdenes emitidas al Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.

El procurador Ordóñez, además, solicitó que se informen “los pagos que ha efectuado el Gobierno Nacional al CICR por concepto de alquiler de aviones, helicópteros, vehículos terrestres, marítimos u otros, utilizados para el traslado de miembros de las Farc en La Habana, en cada una de las “visitas pedagógicas efectuadas”.

El alcalde de Fonseca y la gobernadora de La Guajira deberán informar lo que saben de dicho acto de proselitismo, cuando tuvieron conocimiento de la presencia de las Farc y las medidas que tomaron.
Igualmente, si así lo desean, los investigados serán escuchados en diligencia de versión libre.

La investigación

La investigación va dirigida en contra del ministro Villegas; del comandante General de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez; el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía Ferrero; y del comandante de la Primera División, general Jorge Enrique Navarrete Jadet.

La investigación también va dirigida contra el comandante de la Décima Brigada Blindada del Ejército, Pablo Alfonso Bonilla Vásquez; el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No.2 Coronel Juan José Rendón; teniente coronel Iván Orlando González Villamil, y del comandante del Batallón de Artillería de Campaña No.10 Santa Bárbara, coronel William Alfonso Chávez Vargas.

De acuerdo con el procurador, la decisión se tomó por conductas que constituirían faltas disciplinarias, las cuales se investigarán en dos dimensiones:

“La primera consiste en establecer si las Fuerzas Militares y de Policía se retiraron o no hicieron presencia física durante el tiempo que estuvo la guerrilla de las Farc en el corregimiento Conejo”, dijo Ordóñez al considerar que esto podría violar la Ley 418 de 1997 que prohibió las zonas de despeje.

“La segunda consiste en determinar si las Fuerzas Militares y de Policía dejaron desprotegida a la población civil del corregimiento de Conejo, en el corregimiento de Fonseca, en el departamento de la Guajira, indefensa y en manos de las Farc”, agregó.

Ordóñez estimó que con esta investigación se deberá determinar, entre otras cosas, “si se permitió el uso, por parte del grupo guerrillero, de un establecimiento educativo, con estudiantes de Conejo, configurándose una presunta infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación a la Constitución Política que impone a las autoridades proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes”.

Bogotá  | Colprensa