La Procuraduría General de la Nación informó que abrió indagación preliminar por la tragedia de Mocoa.

La entidad busca determinar quiénes fueron los responsables de las presuntas irregularidades en las que, por acción o por omisión, pudieron haber incurrido al no adoptar las medidas tendientes a mitigar la catástrofe ocurrida el 1 de abril, en Mocoa, Putumayo, cuando se desbordaron los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco ocasionando una avalancha que dejó más de 320 personas muertas y miles de familias damnificadas.

Entre las consideraciones tenidas en cuenta por el organismo de control están los registros en medios de comunicación en los que se señala que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) al parecer ya había advertido de la tragedia, como resultado de estudios en donde “(…) alertaba que este tipo de acontecimientos podrían pasar.”

El procurador segundo delegado para la Vigilancia Administrativa, Giancarlo Marcenaro Jiménez, inició la recaudación de pruebas en la Alcaldía de Mocoa; la Gobernación del Putumayo, Corpoamazonía, la Universidad Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales (Ideam), el Ministerio del Medio Ambiente, y Unidad Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres.

Al mismo tiempo, solicitó a la Alcaldía y la Gobernación del Putumayo informar si el municipio y el departamento atendieron las advertencias realizadas por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios el 5 de junio de 2014 y el 7 de marzo de 2016, sobre la adaptación al cambio climático e incorporación de dicha variable en las políticas locales.

La entidad solicitó copia de los estudios realizados por Corpoamazonía en donde, al parecer, se advierte de los posibles desbordamientos de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. También, las acciones tomadas para evitar la deforestación del municipio y copia del acta del taller del Servicio Geológico Colombiano, en donde se presume que hubo advertencia sobre los asentamientos inadecuados en ciertas áreas y el mal uso de los suelos.

La entidad dio un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de notificación del auto que ordena la indagación, para que los investigados respondan a los requerimientos de la Procuraduría General de la Nación.