Uno de los temas de moda por estos días en Colombia, junto con la reforma tributaria, es el denominado fast track o vía rápida, figura exótica mediante la cual los áulicos del régimen tramitarán como leyes ordinarias las reformas constitucionales, equiparándolas en su trámite.
Digo exótica identificándome con la segunda acepción del DRAE, es decir, en el sentido de “Extraño, chocante, extravagante”, igual de extraño, chocante y extravagante como es el terrorismo que quiere infundir el primer mandatario cuando por todos los medios nos dice que si lo que él acordó en La Habana no se implementa por la vía rápida el famoso proceso explotará.
Si contamos la fase preparatoria de los diálogos de Santos con la Farc, es decir, el tiempo previo a su posesión el 7 de agosto de 2010, y los seis años transcurridos hasta la fecha, podríamos decir que van ocho años, sólo para señalar un término que no está muy alejado de la realidad. Si en esos interminables ocho años el pueblo colombiano no se desesperó, y si lo hizo lo soportó, por qué ahora la guerrillerada, como se llaman ellos mismos, o sus jefes, no pueden esperar dos simples legislaturas para tramitar parte de la famosa implementación. Digo simple en el sentido de la figura y no del debate, que de una u otra forma será difícil, aunque aplanadora es aplanadora, y si está bien aceitada funciona de maravilla.
De pronto un interés recóndito mueve al Gobierno Nacional a aplicarle al trámite -como al cemento- un aditivo acelerante –el fast track-, pero en este caso para que todo se tramite ya, no importa cómo quede: de pronto para cumplir órdenes del español Enrique Santiago -abogado de la guerrilla-, para que todo se tramite ya; o por la enfermedad de Santos, de la que aún no sabemos todo, o la próxima presidencia americana del impredecible -¿o predecible?- Donald Trump. ¡Vaya uno a saber! Pero no hay que descartar nada.
Yo no sé a quién corresponde en este caso concreto la paternidad del célebre fast track o vía rápida, aunque por curiosidad me gustaría saber quién es el padre del caos, al que sería bueno aconsejarle que esa “brillante” idea procure hacerla extensiva a algún sector de la Rama Judicial y a las llamadas “ías”; por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación, donde hace seis años se tramita el caso de Luis Andrés Colmenares, estudiante de la Universidad de los Andes que murió en la noche de Halloween de 2010; o el escándalo en Saludcoop y su presidente -el señor Carlos Gustavo Palacino Antía- que estalló en mayo de 2011, y son casos que han ido resolviendo a cuentagotas, etcétera, para solo mencionar algunos.
Tantos años orgullosos de una Constitución rígida, tanto la de 1886 como la de 1991, y ahora por intereses pasados por nacionales la quieren convertir, coyunturalmente, en flexible porque así la necesitan.
