El Gobierno anunció desde el año pasado su interés en presentar a consideración del Congreso de la República una nueva reforma tributaria. Esta vez, bajo el argumento de simplificar el régimen fiscal, aliviar la carga sobre las empresas y corregir estructuralmente las falencias del sistema.

A pesar de lo bien intencionado que se escucha este propósito, la verdad es que existen varios temas que aún no están claros y nos hacen dudar de esta iniciativa.

En primer lugar, la posibilidad de que se incremente la tarifa general del IVA del 16 por ciento al 19 por ciento puede llegar a ser contraproducente.

Si se suma a los ya altos niveles de evasión del impuesto, con el incremento de la tarifa, puede estar pavimentándose el camino para que los contribuyentes que hoy cumplen con su obligación de facturar, declarar y pagar el IVA dejen de hacerlo.

Si hoy quienes cumplen sus obligaciones encuentran grandes dificultades para competir con quienes no asumen el IVA a la tarifa del 16 por ciento, ya podrán imaginarse qué va a pasar si esa tarifa es del 19 por ciento.

Los incentivos para evadir van a ser mucho mayores. Al punto que incluso varios comerciantes se van a encontrar con la disyuntiva entre evadir o quebrarse.
Si a esto se le suma que la propuesta de la  Comisión Asesora del Gobierno es que también se graven productos como libros y cuadernos, también se afectará de manera sensible a los hogares en general.

No solamente se va a castigar a los comerciantes cumplidos, sino también a quienes trabajamos para poder financiar la educación de nuestros hijos. También motivando a que muchos padres opten por acudir a quienes ofrecen sus productos evadiendo el impuesto.

Esto es una medida regresiva que a todas luces resulta abusiva y no tiene justificación más allá del interés de recaudo de un Gobierno que necesita reducir el déficit causado por su gasto desproporcionado.

En segundo lugar, también han anunciado el interés de ampliar la base de contribuyentes del impuesto de renta, incluyendo a quienes reciban ingresos superiores a un millón quinientos mil pesos al mes. Es decir, el Gobierno tiene interés de poner a tributar, entre otros, a los profesionales que recién inician su carrera profesional y que deben pagar sus créditos educativos y a aquellos trabajadores que apenas pueden sufragar los gastos de su familia, independientemente de las obligaciones de cada uno de ellos.

Esto demuestra una vez más que el Estado prefiere ampliar la base de contribuyentes con personas con ingresos medios y bajos, antes que cumplir con sus obligaciones de fiscalización y control. Es inaudito que el Gobierno prefiera obtener recursos de empleados en lugar  controlar y sancionar a los evasores de impuestos. Es mucho más fácil.

En nuestra opinión, antes de pensar en más impuestos, el Gobierno, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debería asegurarse que se cumplan las disposiciones actuales y que los impuestos efectivamente se paguen.