Parece que lo de La Habana, eso que vimos el pasado jueves 23 de junio, es la firma de un documento contentivo del “Cese al fuego bilateral y definitivo”, como lo denominó alias “Timochenko”, jefe del grupo insurgente Farc-Ep, y es el preludio de la firma del llamado Acuerdo final que nos ha ido llegando a cuentagotas, el cual se espera que sea, francamente, “definitivo”.
Pero en ciertos sectores de la polarizada nación colombiana, existen dudas sobre la efectividad de unos acuerdos donde algunas personalidades de la vida política nacional se oponen a los mismos, y otros, hacen importantes reparos.
En un reconocido portal político se preguntan, ¿qué tan necesario es que Uribe avale lo acordado en La Habana para consolidar la paz? Avalarlo con su firma es lo de menos, porque de todas maneras lo suscriben; el asunto es la implementación o ejecución, porque con su calidad de expresidente, senador, jefe de grupo político y opositor al Gobierno, tanto él, como Andrés Pastrana Arango y el mismo procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, quienes han hecho precisas observaciones a la negociación, tienen ascendiente en un gran sector de la sociedad.
La historia política colombiana, para circunscribirnos solo a ella, nos enseña que no se debe ignorar a fuerzas políticas representativas porque ello puede dar al traste con intenciones de pronto benévolas. Es el caso, por ejemplo, cuando en septiembre de 1885 el presidente Rafael Núñez expidió el decreto con el cual inició la Regeneración y convocó el Consejo Nacional de Delegatarios -que funcionó en lo que desde la Colonia conocemos como Salón de Grados-, y lo integró paritariamente con el partido conservador y un grupo independiente segregado del Olimpo radical.
Fueron 18 constituyentes brillantes en el derecho, la política y las humanidades, pero no incluyeron a los liberales. Ello hizo que los Presidentes impuestos por la República conservadora no hubiesen podido aplicar plenamente la recién expedida Carta de 1886 ni respetar sus normas. Ni el expresidente Miguel Antonio Caro, su redactor y amo y señor del Consejo de Delegatarios, pudo aplicarla debidamente.
Fue el presidente Rafael Reyes quien, como en el juicio de Clemenceau sobre su ministro Briand, “No sabe nada, pero lo comprende todo”, vio la necesidad de atraer al liberalismo y en 1905 se le reconocieron derechos a las minorías y se acabaron los Congresos de un solo partido político, y con la enmienda de 1910 se pudo aplicar plenamente la Carta de 1886.
Algo más: en carta que en 1974 le dirige el presidente Misael Pastrana Borrero al tratadista Jacobo Pérez Escobar, le manifiesta que las reformas constitucionales que son producto de la imposición de un partido sobre el otro, o producto del capricho de algunos dirigentes nacionales, “son siempre efímeras y se convirtieron en factores de convulsión y conflicto”.
Supongo que es por ello que el exministro Álvaro Leyva Durán reclama que “una paz sin Uribe es una paz incompleta”, y que “Una paz sin Uribe no es posible”. Además, ese puede ser el sentido de la carta de Timochenko al senador Álvaro Uribe Vélez para “reunirse a discutir su llamado a la resistencia civil contra las negociaciones de La Habana”. Entonces, ¿por qué no atraer al jefe de la oposición? Sin pretender que sea un convidado de piedra
