Hay quienes piensan o creen que con el acto de firmar los Acuerdos de La Habana cuando se llegue a ese final, entre el Gobierno de Santos y las Farc,  queda sellada la paz en Colombia. En parte es cierto. Pero se trata apenas del comienzo de un proceso en el que serán fundamentales cambios que corrijan los desajustes y las debilidades del modelo de Estado predominante en la nación.

La consolidación de la paz impone la liquidación de los factores de desigualdad, que es un surtidor de la división de clases en la sociedad, con toda su secuela de privilegios, exclusión, corrupción, intolerancia y hasta distorsión de la administración de justicia.

La concentración de la riqueza en unos pocos, que se niegan a reconocer los estragos de la pobreza, afecta el desarrollo de la sociedad y reduce a esta a unos niveles precarios en la satisfacción de  necesidades esenciales.

La voluntad de convivencia entre los que se han alzado en armas contra el poder tradicional está sobre la mesa de las negociaciones.  Se espera que no se repitan actos punibles como homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada, apropiación ilegal de predios, siembra de minas antipersonal, reclutamiento de menores para acciones violentas. A las víctimas se le reconocerán sus derechos y la intimidación por presiones de fuerza quedará en el pasado.  Entonces podrá volverse a pescar de noche, como era la esperanza tras la hecatombe de la violencia partidista en los años 40 y 50 del siglo XX. Será la primavera de la vida, sin odios, sin linchamientos, sin emboscadas, ni falsos positivos, ni genocidios como los de Machuca, o Bojayá; sin hornos crematorios como los de Juan Frío, sin esa carrera de terror como fue la de los paramilitares en Cúcuta y otros lugares de Norte Santander a comienzos del 2000.

Sin embargo, esa explosión de paz podría verse frustrada si no se dan los cambios que deben representar el saneamiento político de Colombia. Por eso hay que cerrarles espacios a los operadores de la corrupción y a quienes han orquestado todas las formas de saqueo y de degradación de la nación.

La construcción de paz tiene que hacerse con democracia, aboliendo todas las formas de desigualdad y esas prácticas tramposas a que son tan proclives los servidores públicos que carecen de escrúpulos y abusan del poder a diestra y siniestra para beneficio personal o de los que hacen parte del círculo de sus intereses.

La corrupción es uno de los explosivos que amenazan la paz. Y el remedio no es reducirla a sus justas proporciones, como lo proponía en el tiempo de su liderazgo político Julio CésarTurbay. Hay que superar las estrecheces del sistema y tomar en cuenta la sentencia, según la cual, “O hay patria para todos o no hay patria para nadie”. Un sistema excluyente seguirá siendo fuente de perturbación y deja abierto el riesgo de repetición de alzamientos armados.

Puntada

La judicialización  de Santiago Uribe por su presunta vinculación al grupo criminal de “Los 12 apóstoles” debe tener, sin duda,  la garantía del debido proceso.  Pero los amigos del incriminado no pueden convertir su solidaridad de cuerpo en una campaña de descalificación anticipada del proceso. No les queda bien el deseo de impunidad  expresado en sus desatinadas protestas.