De vez en cuando a Cúcuta le ocurren buenas cosas. Acaba de suceder una en el Concejo, con la aprobación —por fin— del muy necesario Manual de Roturas y Procedimientos para Intervenciones en Bienes Públicos.

El largo e incomprensible nombre del Manual solo significa que, de ahora en adelante, no será fácil que cualquiera rompa, por ejemplo, de lado a lado una calle, para sembrar la tubería de una acometida de servicios públicos.

Porque esa ha sido la costumbre inmemorial, con el agravante de la curiosa coincidencia de que la rotura siempre ocurría en la calle que recién acababan de pavimentar o sus señales de pintar.

Obras multimillonarias quedaban arruinadas con las zanjas que cavaban los obreros de las empresas de servicios públicos, que eran las que de ordinario rompían el pavimento y los andenes para sus acometidas.

Las pérdidas para el Estado eran enormes, porque quienes rompían jamás dejaban el lugar como estaba: hacían remiendos horrorosos que, en pocos días, se convertían en obstáculos para el tráfico automotor e incluso para los peatones.

Por qué esas empresas, o los particulares, no hacían sus acometidas o no las consultaban con las autoridades municipales de obras o de planeación siempre fue algo inexplicable. Y, por qué nunca hubo sanciones, tampoco.

Por fortuna, el Concejo local decidió defender el patrimonio municipal, y con el estatuto tiene la intención de garantizar que todas las reparaciones que hagan las empresas de servicios públicos o los particulares, sean rápidas y entreguen la zona intervenida “en las mismas o mejores condiciones”.

Que dejen todo mejor de lo que estaba no parece posible, conociendo todos los antecedentes: muchas veces, las empresas ni siquiera se preocupaban por sellar los rellenos que hacían en las zanjas que abrían.

La obligación de reparar al menos como estaba lo que rompieron podría ser una especie de saludo a la bandera si las autoridades municipales no empeñan todos sus recursos en que el estatuto se cumpla a cabalidad. Y, tal como lo enseña la experiencia, lo más probable es que prefieran no aplicar la norma.

Si de verdad existiera la preocupación burocrática de que se sancione a las personas o entidades que rompen y no pagan, ya el Municipio hubiera cobrado, aun sin estatuto. Pero por todas partes las calles están rotas, en la mayoría de los casos, por constructores de viviendas o empresas de servicios, y por ningún lado se sabe de una sola sanción.

La costumbre universal de que quien rompe paga, en Cúcuta y en Norte de Santander no se cumple, o se hace cumplir solo de algunos carentes del poder de las empresas de servicios públicos. Acá ellas rompen y pagan los contribuyentes.

Falta ver si el estatuto tan esperado tiene los dientes que necesita, o es una norma municipal más, como tantas otras que deben estar robando espacio en los archivos del Concejo y la Alcaldía y nadie recuerda.

¿Cuántas pólizas de garantía, como la que exige el estatuto de roturas, se habrán establecido en Cúcuta en los últimos años? Muchas, sin duda. Pero no hay memoria de cuántas se han exigido.