Ahora que ya se ve que están a la vuelta de la esquina las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para salvar nuestros ríos Zulia y Pamplonita y eliminar un insano foco de contaminación, tenemos que recalcar sobre dos preocupantes asuntos que deben de ser eliminados de tajo cuando de administrar la cosa pública se trata.
Que pasaron 30 años desde que el segundo alcalde elegido por elección popular de Cúcuta, Jairo Slebi Medina, hablara de adquirir un predio para hacer lo que en ese tiempo se llamaba laguna de oxidación, para proteger ambos afluentes de las descargas de aguas residuales.
Todo quedó ahí, en el anuncio y en una autorización del Concejo, pero transcurrieron tres décadas con un enorme impacto de la creciente población del área metropolitana que convirtieron en ‘cloaca’ a estos importantes surtidores de los acueductos El Pórtico y río Zulia.
Dicha situación tan grave se convirtió, además, en foco de alta peligrosidad para la salud de la población, en especial los niños y los adultos mayores, porque esa necesidad básica insatisfecha de un ambiente sano provocada por la ausencia de un sistema para contener las aguas negras residuales, ha venido afectando a todos.
Por esa razón fue que hace menos de un año le escuchamos decir al ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, algo que hizo notar la peligrosidad evidente y el nivel de deterioro y de degradación de la región: Norte de Santander es igual que el África Subsahariana en aguas residuales.
Todo lo anterior porque Cúcuta es la única ciudad capital del país, con más de 500.000 habitantes que no tiene planta de tratamiento de aguas residuales. Está en cero.
Por fortuna -30 años después de aquél fallido y sepultado intento- hoy el proyecto de las PTAR tiene hasta asignaciones de recursos comprometidas por parte de la institucionalidad. Eso es un avance para resaltar dentro de la cuota inicial para eliminar ese grave hecho de que el 95 % de las aguas negras caen a los ríos sin haber sido tratadas.
La fecha del jueves 20 de mayo de 2021 debe quedar referenciada como esencial para cerrar para siempre un capítulo de contaminación implacable de las fuentes hídricas.
Con la presencia del viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero, se determinó en el acuerdo financiero para garantizar el despegue del proyecto, que Corponor aportará $900 millones, la Gobernación $1.000 millones y la Alcaldía de Cúcuta, $2.500 millones.
Ahora lo que resta es que antes de finalizar el presente mes se produzca la firma del convenio con la Corporación Financiera Internacional, que en esencia implicará la garantía de los recursos necesarios para poner en marcha tan importante obra para Cúcuta y el área metropolitana.
“Un hecho comparable solo a lo que pasa en África subsahariana”, este innoble título, por lo que se advierte, empezó a ser desmontado, aunque no hay que bajar la guardia y seguir con atención todo lo relacionado con la materialización de las plantas de tratamiento, para conjurar la emergencia ambiental que enfrenta la región.
Aquí la enseñanza es que no podemos dejar abandonados por ahí los problemas sin hacer nada para enfrentarlos y entender que las prioridades hoy en día se centran asuntos relativos a la salud ambiental y de los seres humanos, porque de lo contrario el desarrollo se frustrará si asuntos como el saneamiento básico no son entendidos como inversión y no como un simple gasto.
