La llegada de miles de personas, de manera inesperada al territorio colombiano generó una crisis humanitaria de importantes proporciones, según dijo Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas.

El delegado internacional presentó un balance de su recorrido por los albergues ubicados en La Parada, El Morichal, entre otros, del diálogo con los habitantes de los albergues y las autoridades encargadas de la atención, y concluyó que las deportaciones son un grave problema.

“En cualquier lugar del mundo, al que lleguen 9 mil 800 personas sin preaviso, sin cómo sostenerse, que dependan de la respuesta de las comunidades donde llegan y de la ayuda internacional, constituye una crisis humanitaria”, dijo.

Tras la visita, dijo que tuvo oportunidad de hablar con personas desplazadas por la violencia en el pasado, ahora forzadas a desplazarse por segunda o tercera vez, además de cientos de niños que ocupan el 50 por ciento de la población de los albergues y necesitan respuestas diferenciales.

“Nos preocupa que ese flujo de personas continúe, especialmente en el escenario de que entren a Colombia por zonas en donde la capacidad institucional de respuesta no es tan fuerte como lo es en Cúcuta”, manifestó. “Se requieren esfuerzos adicionales para prepararnos frente a esto”.

Por ello pidió prestar igual atención a La Guajira, Arauca y otros departamentos a los que han llegado más de mil personas, y en estas zonas no hay la misma infraestructura para recibirlas.

Respuesta eficaz

Por otra parte, Hochschild destacó la respuesta de las autoridades nacionales y la calificó de “eficaz e impresionante”, en especial al tratarse de un flujo de miles de personas en pocos días.

Sin embargo, señaló que hay algunos aspectos por revisar, en relación con el registro, agua y saneamiento, alimentación diferencial y protección.

Pese a las dificultades halladas, dijo que esta situación puede ser una oportunidad para abordar los problemas históricos y estructurales de la región, por la presencia de economías ilícitas, grupos armados y una cultura de ilegalidad.

“La emergencia puede fomentar actividades en la legalidad y fortalecer el estado de derecho, ante la necesidad de estrategias de desarrollo integral para la región”, comentó. “Desde Naciones Unidas se pueden acompañar esos esfuerzos”.

La respuesta está en el diálogo

Con respecto a la decisión tomada por el gobierno venezolano, el delegado aseveró que aunque un país es soberano de modificar su política migratoria, debe hacerlo de manera coordinada y organizada para disminuir el riesgo de abusos y proteger la dignidad humana.

“Si uno quiere asegurar la dignidad y los derechos de los afectados, acordar los mecanismos con los países vecinos es fundamental”, sostuvo. “Por eso hemos hecho un llamado al diálogo”.

Aunque esta, según dijo, es la única alternativa de solución del conflicto entre ambas naciones, se mostró preocupado pues no se ha visto suficiente acercamiento.

“De parte de la comunidad internacional lo primero que se puede hacer es llamar al diálogo, a la resolución pacífica de estas situaciones”, afirmó. “Solamente a través de la cooperación internacional se va a resolver este tipo de crisis que cruzan fronteras”.

La principal inquietud planteada por el funcionario es qué va a pasar a futuro, pues hay una gran diferencia entre atender nueve mil personas, a incrementar la cifra.

A la par de la alternativa del diálogo, indicó que se deben evaluar soluciones a largo plazo, para buscar soluciones a los problemas que han contribuido a la crisis actual.

“La pobreza que obligó a las personas a salir de Colombia en los últimos 30 años, el conflicto armado y las pocas alternativas lícitas que hay aquí para ganarse la vida para no depender de lo que pasa al otro lado de la frontera, y la necesidad de fortalecer el régimen de la ley”, puntualizó.