El presidente Nicolás Maduro presentó este domingo su mensaje anual de gestión al Tribunal Supremo de Justicia en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional.
Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país suramericano, en medio de una situación económica que el mandatario venezolano calificó de "compleja" y "difícil" ante la fuerte caída de los precios petroleros.
Durante su alocución, Maduro se quejó del contrabando de gasolina y otros productos hacia territorio colombiano, y anunció que Caracas se "reserva las acciones internacionales ante todos los organismos" contra Colombia por la "violación" de las leyes del comercio y la "promoción" del contrabando de combustible.
Agregó que próximamente espera conversar con su par colombiano, Juan Manuel Santos, sobre la situación de la frontera, donde se mantiene bloqueado desde el mes pasado el tránsito de vehículos y solo se permite el paso de peatones.
"Ya basta de agresiones de Bogotá y de la oligarquía colombiana contra Venezuela", dijo el mandatario. Precisó que a partir de este lunes se abrirán casas de cambio en la región fronteriza, del lado venezolano.
El diputado opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, reiteró que Maduro está actuando fuera de la constitución y dijo a la prensa que los magistrados del máximo tribunal, al avalar la anulación de la carta magna, podrían ser juzgados en un futuro en instancias internacionales por "delitos de lesa humanidad".
Luego de ser por más de medio siglo la instancia encargada de recibir el informe anual de gestión del mandatario, tal como lo establece la constitución, el Congreso venezolano perdió otra de sus atribuciones por decisión de la Corte, que es señalada de estar controlada por el gobierno y que autorizó la semana pasada a Maduro a presentar su discurso ante los magistrados.
Al reiterar su disposición de mantenerse en el proceso de conversaciones, Maduro anunció que la próxima semana vendrán al país los facilitadores de la mesa del diálogo, que está paralizado desde el mes pasado luego que la oposición se negó a continuar en el proceso alegando que el gobierno incumplió los acuerdos al no liberar a los "presos políticos", al negarse a ofrecer un cronograma electoral, y al no respetar los poderes públicos.
El académico y abogado José Vicente Haro afirmó que la decisión de Maduro de presentar su informe anual al Tribunal Supremo hace "más compleja" la situación política y constitucional del país, y recordó que "sólo en dictaduras" los gobernantes se abstuvieron de ir al Congreso a informar sobre su gestión.
Haro dijo a The Associated Press que estas acciones del oficialismo están orientadas a "desconocer absolutamente" la Asamblea Nacional y avanzar hacia "disolver de facto" el Poder Legislativo.
Desde que la mayoría opositora asumió a comienzos del 2016 el control del Congreso, que por 17 años estuvo en manos del oficialismo, se desató una pugna entre los poderes públicos que ha subido de intensidad en los últimos meses a pesar de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición que se instaló en octubre pasado bajo el apoyo del Vaticano y un grupo de ex presidentes extranjeros.
