La tutela que dejó sin efectos el fallo que decretó la pérdida de la investidura de William Villamizar Laguado como concejal de Cúcuta para el periodo 2001-2003 y ordenó proferir una nueva sentencia, le sigue despejando el camino al gobernador de Norte de Santander.

La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa decidió archivar la investigación disciplinaria que había abierto contra el mandatario, por no haber informado sobre la inhabilidad sobreviniente que le generó la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado.

Según la autora de la queja interpuesta ante el Ministerio Público, Cenobia García, el mandatario departamental habría violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, toda vez que a pesar de que fue decretada la pérdida de su investidura como concejal, continuó en el cargo como gobernador “desatendiendo lo preceptuado en la Ley 190 de 1995”.

La norma a la que hacía referencia García señala que: “En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión, alguna inhabilidad o incompatibilidad al servicio público, deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio. Sí dentro de los tres meses siguientes el servidor público no ha puesto fin a la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar”.

Para sustentar sus argumentos, García allegó certificados con los que insistía en que a la Presidencia de la República nunca llegó comunicación por parte de Villamizar Laguado informando sobre su inhabilidad sobreviniente.

No obstante, al analizar el caso, la Procuraduría Delegada concluyó que la sentencia proferida en enero de este año, tutelando el derecho del gobernador al debido proceso, dejó sin efectos el fallo que decretó la pérdida de la investidura y en ese sentido, la inhabilidad de que se le acusa a William Villamizar Laguado no procede o no existe.

“Examinada la situación así puesta en conocimiento de esta Delegada, surge que desde la perspectiva meramente de la tipicidad de la conducta, la misma no aparece configurada, por cuanto está probado que luego de ejecutoriada la sentencia del 28 de julio de 2016, se surtió trámite adicional, esto es, la acción de tutela interpuesta por el actual gobernador que definió su situación, pues tuteló su derecho al debido proceso y dejó sin efectos jurídicos la pérdida de investidura, situación que de plano desvirtúa cualquier irregularidad disciplinaria”, señaló la Procuraduría.

Esta decisión ya se encuentra debidamente ejecutoriada. Entre tanto, aún está pendiente que se resuelva la impugnación presentada por los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado contra el fallo de tutela.