Otro de los concejales de Cúcuta a los que le había sido demandada su investidura por cuenta de la aprobación del  Acuerdo 023, que modificó las formas de facturación y recaudo del impuesto del alumbrado público en la pasada administración, Oliverio Castellanos, salió bien librado del proceso que se adelantó en su contra.

La Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el fallo proferido en marzo de este año por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó la solicitud de pérdida de investidura elevada por Emilse Gamboa Mogollón contra Castellanos y otro grupo de concejales de la ciudad.

De acuerdo con los magistrados: “Es evidente que en este caso no están demostrados los supuestos de hecho de la configuración de la indebida destinación de dineros públicos prevista en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 617 de 2000, ni tampoco que el concejal demandado hubiera tenido la intención de favorecerse o favorecer a tercero ni que hubiera incurrido en una conducta dolosa o culposa”.

En ese sentido, consideran  que las pretensiones de la demanda carecen de fundamento jurídico y por eso hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia.

Como se recuerda, la demandante buscaba que a los concejales les decretaran su muerte política, tras considerar que ellos habían propiciado, al parecer, una indebida destinación de dineros públicos.

Días atrás, el Consejo de Estado también mantuvo la investidura de los concejales conservadores Víctor Fidel Suárez y Leonardo Jácome, al confirmar, igualmente, el fallo que a comienzos de este año profirió el Tribunal.

Los otros dos integrantes del cabildo que están pendientes de la apelación que hace trámite en el alto tribunal son César Arbey Torres y Alexander Salazar.

En los dos casos el proceso ya entró al despacho de los magistrados ponentes y está listo para fallo.