La semana pasada avanzaron en el Congreso dos propuestas que coinciden en un mismo propósito: la eliminación gradual del servicio militar obligatorio, a cambio de permitir a los jóvenes escoger de manera voluntaria entre el servicio militar y un servicio social.
La primera es una reforma constitucional promovida por el senador Humberto de la Calle y el representante Daniel Carvalho, que busca eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar.
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La segunda iniciativa, que la complementa, es una disposición contenida en el marco jurídico de la ‘Paz total’, que reforma la Ley 418, según la cual se permitirá a los jóvenes optar por el servicio social como alternativa al militar
Aunque diferentes sectores han celebrado el avance de estas propuestas, para cambiar una institución considerada como bastante inequitativa (la mayoría de los jóvenes que prestad el servicio son de estratos uno y dos) un tema que ha generado preocupación es qué impacto puede tener la decisión en las Fuerzas Militares, pues, según reconoce la propia ponencia del proyecto de reforma constitucional para segundo debate, actualmente hay 82.799 jóvenes prestando el servicio militar, 70.583 en el Ejército, 9.319 en la Armada y 2.897 en la Fuerza Aérea.
Rafael Nieto Loaiza, exviceministro del Interior y de Justicia de Colombia, asegura que esta eventual reforma puede llevar a un debilitamiento de la Fuerza Pública y afectarla en su lucha contra los múltiples factores de violencia que existen en el país.
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“Es necesario contar con una Fuerza Pública fuerte y grande para poder enfrentar esa amenaza combinada de narcotráfico, grupos armados violentos y de inseguridad ciudadana. Para eso se requieren unas Fuerzas Militares que tengan capacidad suficiente para desestimular la posibilidad que desde afuera nos agredan, y por el otro lado la fuerza suficiente para someter a los grupos armados violentos. Para eso es fundamental tener un servicio militar obligatorio”, aseguró Nieto.
Una de las principales condiciones que se plantea en el proyecto para que funcione este plan es que paralelamente a la eliminación del servicio militar obligatorio, se avance en la profesionalización de las Fuerzas Militares.
Sin embargo, para Nieto Loaiza no hay los recursos suficientes para pagarles a soldados profesionales, en vez de a los soldados que prestan el servicio militar obligatorio.
“Entre más soldados profesionales se tenga el país mejor capacidad tendrá, pero ese deseo tiene que enfocarse en la realidad presupuestal del país. Es muchísimo más costoso un soldado profesional hoy, que lo que supone que un joven preste el servicio militar. Yo creo que Colombia no tiene hoy con qué reemplazar los soldados que prestan el servicio con soldados profesionales. Simplemente no es posible, no hay con qué pagarlos y el Gobierno no dice tampoco con qué los va a pagar”, dice el experto.
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Jaime Zuluaga Nieto, integrante de la Comisión Facilitadora Civil del proceso de paz con el Eln, por el contrario, asegura que este proceso no tiene por qué afectar a las Fuerzas Militares.
“La tendencia en los próximos años debe ser la de avanzar en la profesionalización de las Fuerzas Militares. Debemos tener un Ejército profesional y no de reclutas”, expresó Zuluaga.
Dijo que el servicio social debe estar vinculado fundamentalmente a tareas de construcción de paz necesarias para el país, así como también aplicarse a jóvenes de estratos altos, que son los que generalmente se abstienen de prestar el servicio militar.
Un sistema inequitativo
En lo que coinciden tanto defensores como críticos del servicio militar obligatorio, es que el sistema actual debe ser reformado, puesto que no solo es inequitativo, sino que se ha prestado para actos de corrupción, tratando de favorecer a jóvenes que quieren evitar ese proceso.
Según un informe publicado hace algunos años por la Defensoría del Pueblo, quienes pretenden definir su situación militar deben soportar demoras e irregularidades causadas por la incorrecta aplicación de la normatividad, imposición de obstáculos y extralimitación de facultades de las autoridades militares.
La entidad denunció que, pese a la prohibición de adelantar detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, conocidas como batidas por parte de las Fuerzas Militares, estas se siguen presentando.
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“Se evidenció que los hombres son conducidos a cuarteles o distritos militares por largos periodos de tiempo con el propósito de no solo obligarlos a inscribirse sino de someterlos a exámenes, y en caso de ser aptos, incorporarlos inmediatamente”, denunció la entidad en ese momento.
Al respecto, Jaime Zuluaga Nieto insistió en que quienes prestan el servicio son los jóvenes e hijos de los sectores populares. “Los jóvenes adinerados e hijos de familias burgueses no van, utilizando sus poderes económicos”, agregó.
Así lo reconoce también Nieto Loaiza, quien dice que el actual sistema no es sostenible. Para él, incluso, debería ser una obligación de todos los jóvenes del país, incluidos hombres y mujeres.
“Lo que no es aceptable en Colombia es que el servicio militar solo sea para unos pocos. Eso sí creo que es realmente injusto. El servicio militar lo deberían prestar hombres y mujeres en Colombia. No es aceptable lo que ocurre hoy donde los más pobres y más vulnerables terminan prestando el servicio militar y eso claramente no puede ser”, cuestiona.
El servicio militar obligatorio en Colombia fue instituido en la Constitución de 1886, concebido como una forma de responsabilidad social que se conserva entre la sociedad civil y el Estado. En la Constitución de 1991 se mantuvo la obligatoriedad, y aunque ha habido varios intentos desde entonces por eliminarlo, se ha mantenido hasta ahora.
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