En una decisión catalogada por la Alcaldía de Hacarí como de buena voluntad, las comunidades asentadas en las veredas Monte Tarra e Islitas, de ese municipio, que llevaban una semana exigiendo la reubicación de una base militar, levantaron la protesta tras unos compromisos asumidos por las autoridades.

La decisión se dio después de una reunión en la que participaron líderes de las Juntas de Acción Comunal, representantes de familias desplazadas, organizaciones sociales de la región, el coronel Javier Arturo Quintero Poveda, del Ejército Nacional; la Comisión de paz del Senado, Alcaldía, Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional, la oficina de ONU DD. HH., organizaciones de derechos humanos no gubernamentales y medios de comunicación.

“Ya se hizo un diagnóstico para el traslado de la base, si en estos días no se aprueba por parte del Ejército Nacional, se buscará una reunión con el general (Marcos) Pinto, posiblemente con el Ministerio de Defensa y la Gobernación de Norte de Santander”, le dijo a La Opinión Deivy Bayona, alcalde de Hacarí.

Esa reunión sería convocada por la Comisión de Paz del Senado, la Alcaldía y la Procuraduría Regional, y en ella se espera confirmar el traslado de la base militar cuya ubicación actual mantiene en riesgo a la población civil, debido a que las personas denunciaron estar en medio del fuego cruzado, por lo que el 2 de febrero se generó el desplazamiento de 38 familias. 

De no darse cumplimiento, el campesinado ya anunció que se movilizará nuevamente de manera masiva. “La comunidad estuvo de acuerdo en que se retiraba. Ya el sábado no hubo presencia de la población en la zona, pero si no se llegan a esos acuerdos, nuevamente volverán a la zona”, señaló el mandatario.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y sociales, congresistas, entre otros, firmaron una Acción Urgente en la que se solidarizaron con las comunidades movilizadas ante las permanentes “vulneraciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública en la región del Catatumbo”.

“Llamamos a las entidades competentes a, en cumplimiento de lo acordado, brindar garantías para el retorno y atención integral a las 38 familias desplazadas producto de las confrontaciones en las cuales han quedado expuestas, debido a la ubicación de las tropas de Ejército Nacional, en clara vulneración al DIH”, se lee en la misiva, firmada por los senadores Jesús Alberto Castilla y Antonio Sanguino, entre otros.

Las comunidades campesinas habían llegado a la zona el pasado jueves 18 de febrero exigiendo, principalmente, la reubicación de la base militar y el cumplimiento de las garantías para que las familias desplazadas retornaran al lugar.

“No estamos en contra de la Fuerza Pública, solo pedimos que reubiquen esa base militar porque pone en el blanco a la población civil. Siempre que hay enfrentamientos, los habitantes de la zona son los que sufren”, dijo en ese entonces German Ascanio, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaimaral.