La cuestionada Reforma Política y Electoral que hace parte de las iniciativas que desarrollan los acuerdos de La Habana tuvo ayer su primera prueba de fuego en el Congreso, aunque su votación solo se daría la próxima semana en la Comisión Primera de la Cámara.

Durante un debate que se prolongó por varias horas, las Cortes, la Procuraduría, la Contraloría y los partidos políticos plantearon sus preocupaciones frente al proyecto y reiteraron la necesidad de hacer nuevas modificaciones al texto presentado por el Gobierno.

Así, por ejemplo, los titulares de los entes de control insistieron en que el artículo 14  la Reforma afectaría de manera considerable sus competencias, toda vez que permitirá que personas con sanciones disciplinarias o fiscales puedan aspirar a cargos de elección popular mientras no haya confirmación de las mismas por el Consejo de Estado, pues se establece una especie de segunda instancia.

Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se mostró optimista frente al futuro de la iniciativa y consideró que el proyecto superará su primer debate la próxima semana y en quince días pasaría a la plenaria de la Cámara.

“Una reforma implica modificaciones a las instituciones; en una reforma de esta naturaleza se deben modificar esas competencias de las instituciones para que puedan actuar mejor”, manifestó Rivera.

En la sesión de ayer se presentaron también las ponencias negativas, las cuales se fundamentan en que el proyecto de reforma se excede en sus propuestas y que no puede relacionarse con los acuerdos de paz a los que se llegó con las Farc.

En medio del tire y afloje que existe frente al contenido de la iniciativa y del recelo que hay en muchos partidos, incluidos los de la Unidad Nacional, por las propuestas que se contemplan para las próximas elecciones, se han conocido aspectos del articulado como: 

La financiación de las campañas desde 2018 será “preponderantemente estatal”.

Las listas cerradas y bloqueadas serán solo a partir de 2022. Para 2018 y 2019 se buscará un régimen de transición, como una lista semicerrada.

Mayor control a la financiación de las campañas electorales.

Se eliminarían tres causales de pérdida de investidura: la violación al régimen de inhabilidades, el tráfico de influencias o la indebida destinación de dineros públicos.

Los partidos podrán tener su personería jurídica sin haber alcanzado el umbral, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

Se limita a tres periodos la reelección para cualquier corporación (Senado, Cámara de Representantes, Concejos y Asambleas).

Se reduce la edad para ser senador de 30 a 28 años y representante de 25 a 23 años.

Los particulares que hagan contribuciones de cualquier naturaleza a partidos, movimientos políticos o campañas electorales también están obligados a rendir públicamente cuentas.

Se crea el Consejo Electoral Colombiano, el cual estará integrado por nueve miembros propuestos por el presidente, las Cortes y el Congreso.

Lo que piden las minorias

Los partidos minoritarios como el Polo, la Alianza Verde, el Mira, Opción Ciudadana, MAIS y AICO, que tienen el  10% de la representación en el Congreso, también hicieron sus propuestas frente a la Reforma Política:

Coaliciones: presentar listas de candidatos al Congreso por separado. Las coaliciones solo serán posibles cuando los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, sumados, hayan obtenido una votación de hasta el 15% por ciento de los votos válidos.

No a listas cerradas: porque aseguran que no resuelven los inconvenientes.

Reducción del umbral al 2%: durante dos periodos consecutivos.

No a congresistas ministros: mantener la incompatibilidad que tienen senadores y representantes para ocupar otros cargos públicos durante el año siguiente a su renuncia.rías