A la dura carga que ya afrontan por la limitación física que tienen los discapacitados de Cúcuta, la alcaldía de Jorge Acevedo les suma una adicional, igual o peor de pesada a su padecimiento, al negarles la posibilidad de tener un empleo, todo porque no dispone de una IPS que practique el examen y les expida el certificado de discapacidad, requisito de ley que deben cumplir los entes territoriales, pero que en Cúcuta se pasan por la faja.

María Luisa Gómez, de 35 años, madre cabeza de hogar de dos hijos, hace parte de las más de 15.000 personas con problemas de discapacidad que residen en Cúcuta. Ella le dijo a La Opinión que necesita trabajar para ganar el sustento de sus dos pequeños de 12 y 8 años, pero le ha sido imposible ingresar a alguna de las empresas de la ciudad por su problema físico (le falta su miembro superior izquierdo).

“He pasado hojas de vida en muchas empresas, incluidas las grandes que operan en la ciudad, pero cuando me preguntan que si tengo certificado de discapacidad, que acredite mi problema físico, hasta ahí llego, porque no cuento con ese documento”, dice la mujer.

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Dijo que la semana pasada Centrales Eléctricas hizo una convocatoria de empleo para discapacitados “y también me presenté para la inscripción, pero oh sorpresa, uno de los requisitos es el certificado de discapacidad”.

Para desgracia de María Luisa la entidad responsable de expedir esa certificación, en este caso la Secretaría de Salud, a cargo de Taíz del Pilar Ortega, no ha hecho lo suficiente para que los interesados la obtengan sin barreras, lo cual se convierte en un problema mayúsculo que les impide  a quienes, como ella, necesitan trabajar en Cúcuta”.

La afectada asegura que desde que se inició la administración de Jorge Acevedo viene insistiendo ante la Secretaría de Salud por ese documento, “pero siempre me dicen que están alistando la logística y ya han pasado cuatro meses y aún no terminan de tener lista la entidad que debe expedir el certificado”.

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La Opinión ha llamado también desde febrero a Ortega en reiteradas oportunidades y en todas la funcionaria asegura estar gestionando el convenio con una IPS que se encargará de expedir este requisito de Ley.

La última vez que se llamó a la Secretaría de Salud de Cúcuta fue el pasado viernes y en esa oportunidad Ortega de nuevo respondió que se avanzaba en el alistamiento de todo lo pertinente para el proceso.

Dijo que a cada persona que se ha acercado a su despacho ya se le ha ingresado a la base de datos para que apenas se inicie el proceso sean atendidos en su necesidad. Ya se han inscrito 700, dijo.

Al ser indagada sobre la oficina o el funcionario al que deben acudir los discapacitados para registrarse, Ortega respondió que a través del SAC o en la Oficina de población vulnerable que están ubicados en la sede de la Secretaría de Salud, en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero. “El que quiera puede venir ya a registrarse”, dijo.

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Pero oh sorpresa, periodistas de La Opinión acudieron a verificar si esto era cierto y se encontraron con un aviso que decía: “Se informa a la comunidad que en el momento no se está tramitando ni verificando las solicitudes del certificado de discapacidad, en razón a que el Ministerio de Salud y Protección social no ha asignado los recursos para gestionarlos”.

Es más, personas discapacitadas que acudieron en horas de la tarde del viernes anterior en busca del certificado de discapacidad afirmaron que funcionarios de la misma secretaria de Salud les dijeron que no estaban inscribiendo a nadie porque no hay plata. “Nos dijeron que volviéramos en julio, como si a nosotros las empresas nos guardaran el empleo hasta cuando se nos antoje llevar los requisitos que piden. Nos parece una falta de respeto de esta secretaría, que nos está privando de contar con un trabajo digno”, dijo María Elvira Jaimes, una madre cabeza de hogar que lleva un año desempleada”.

Ortega le aseguró a La Opinión que el alcalde Jorge Acevedo dispuso de 200 millones de pesos para la expedición de los certificados y que con esta cantidad se alcanzan a timbrar 1.200 certificados y son unos 5.000 los que se tienen que entregar. 

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La funcionaria sugirió a los empresarios de la ciudad que apoyen a esta población que van a contratar con los costos del certificado, “porque las empresas se benefician de alivios tributarios por contratar personas discapacitadas”.

Qué dice la ley

La Ley 1145 de 2007 reconoce derechos de inclusión a las personas discapacitadas en las políticas de estado, entre otros, a la vida, a la educación en igualdad; al empleo libre; a la vida independiente; a la capacidad jurídica; a la salud;, a acceder a la justicia (reclamar ante los jueces y juezas, ser testigos), y a la no discriminación entre otros.
 

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