A comienzo de este mes, la Corte Constitucional le ordenó a la Policía Nacional y al Ministerio de la Defensa que trasladara la estación de policía de la vereda Campo Alegre, corregimiento de El Mango, en Cauca, “a un lugar que no pusiera en riesgo la vida e integridad de los habitantes del sector”.

De acuerdo con la Corte, la estación no puede estar cerca a las viviendas de la zona y ambas entidades deben diseñar nuevas estrategias de defensa de la población para evitar que los habitantes queden desportegidos.

Según los registros, en junio de 2015 los pobladores de El Mango se opusieron a la instalación de una estación de policía, por lo cual, el día 26 hubo un tralsado de los policías hacia la vereda Campo Alegre.

Allí, ocuparon 15 viviendas “sin mediar ningún permiso”, y al día siguiente hubo un ataque con cilindros bomba y granadas que hirió a varias personas, las cuales se desplazaron de manera forzada a El Mango.

Aunque se explicó que la policía debe estar en todo el territorio nacional, su ubicación está condicionada en los territorios afectados por la guerra.

“La Policía, entonces, puede rediseñar sus estrategias de protección a la población, como en parte lo ha hecho, por ejemplo, ideando alternativas que no impliquen aumentar el resigo que actualmente soportan los accionantes. Quien tiene el deber de protección de la comunidad es la fuerza pública y el hecho que sus bases no pueden estar cerca de las casas de los habitantes, no significa que no leudan cumplir con su misión constitucional”, señaló la Corte.

En el caso de Norte de Santander, además de Las Mercedes, hay otros municipios en alto riesgo, según indican organismos internacionales y la iglesia católica.

El Carmen, San Calixto, Hacarí y Teorama son las poblaciones que, hoy en día, padecen la misma condición de tener las estaciones de policía en el casco urbano, mientras la guerrilla las rodea para atacar.

Y aunque la comunidad no desconoce la autoridad militar y tampoco pretende desterrarla, sí reitera que su ubicación en zonas menos riesgosas para la población, aliviarían tensiones.

Además, como dicen los alcaldes de estas zonas, la policía permanece encerrada y, en estas circunstancias, termina incumpliendo sus funciones constitucionales.

La Opinión