Tras la sentencia histórica en la que la Corte Constitucional declaró por primera vez que un río “es sujeto de derechos” y ordenó la protección y conservación inmediata del río Atrato, su cuenca y afluentes, a cargo del Estado, quedan las dudas de las repercusiones que tendrá la decisión del alto tribunal.

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La decisión judicial sentencia que el río Atrato es sujeto de derechos, lo que implica su protección, conservación, mantenimiento y restauración por parte del Gobierno Nacional.

El fallo ordenó a los ministerios de Ambiente, Hacienda y Defensa, a Codechocó, Corpourabá y a las comunidades étnicas en la zona a diseñar y poner en marcha un plan para descontaminar la cuenca del río Atrato y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región.

Según explicó el subdirector de calidad y control de Codechocó, Yolieth Ibargüen, a la hora de diseñar el plan será fundamental el trabajo en conjunto con las comunidades, para así poder erradicar definitivamente los puntos de origen de contaminación, como lo son la minería ilegal.

Dentro de su análisis la Corte Constitucional encontró que es tan grave la situación que se registra con el río Atrato, que hasta las formas tradicionales de subsistencia y alimentación de las comunidades indias se están acabando por este daño ambiental provocado por el desarrollo de la minería ilegal.

Ibargüen resaltó la importancia del fallo, al recordar que la Cuenca del Atrato ha sido una de las principales abastecedoras de peces, específicamente del Bocachico, especie que comercializan y se alimentan las familias cercanas al afluente. Sin embargo, la pesca disminuyó de manera considerable a raíz de la presencia de mercurio en las aguas.

“Como corporación nosotros venimos trabajando desde hace años en la protección del río Atrato, incluso ya hemos declarado protegidas en partes del alto Atrato, sin embargo nuestros esfuerzos y recursos han sido insuficientes. El fallo lo vemos los chocoanos como una gran oportunidad para mejorar la calidad de río y sus afluentes, aunque sabemos que revertir el daño ambiental tomará muchos años”, señaló.

Ibargüen explicó que para erradicar la minería ilegal, fuente de contaminación, a través de las herramientas que da el fallo, “el Estado debe llegar a las comunidades, trabajar con ellas y darles posibilidades”.