Si bien la Contraloría General de la República decretó hace casi dos meses la intervención funcional excepcional de los cinco procesos de responsabilidad fiscal que generaron la orden de suspensión contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y los casos se tramitan ahora en Bogotá, el contralor municipal, Oscar Sandoval, continúa con la lupa puesta sobre los mismos.
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El miércoles, el titular del ente de control radicó una denuncia penal ante la Fiscalía en contra del mandatario local y el director del Área Metropolitana de Cúcuta, Miguel Peñaranda, por las presuntas irregularidades que rodearon la suscripción de los convenios entre las dos entidades para la ejecución de diferentes proyectos.
Sandoval pide que a los dos funcionarios se les investigue como “probables autores” de los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Esto, en razón a la supuesta gestión “ineficaz, ineficiente y antieconómica” en que habrían incurrido la Alcaldía de Cúcuta y el Área en el trámite, celebración y ejecución del Convenio Marco Interadministrativo N° 1023 del 20 de agosto de 2020, y de los convenios interadministrativos N° 1404, 1563, 2837, 3088, 2214 de 2020 y 1576 del 2021.
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Dichos convenios fueron suscritos para el desarrollo de algunas obras como corazones de barrio, la renovación de la avenida Keneddy, la avenida Las Américas, corredores urbanos de movilidad, infraestructura educativa, entre otras, contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal.
La denuncia del contralor tiene su origen en los resultados de la auditoría financiera y de gestión hecha el año pasado a la administración municipal y en la que se reportaron varios hallazgos con incidencia penal sobre dichos contratos.
Según el contralor, en estos procesos de contratación se advierte “un interés indebido en su celebración, con elusión de varios principios que orientan el régimen de contratación estatal, con lo que se ha ocasionado un detrimento al erario municipal y con visos de manifiesta falsedad en algunos apartes de su documentación”.
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Sandoval le insiste a la Fiscalía que existen varios elementos que permiten inferir que los denunciados sí pudieron haber incurrido en algún delito. Entre ellos señala:
-Se optó por ejecutar los proyectos de obra desarrollando la gestión contractual con una modalidad de contratación excepcional (convenio interadministrativo) contrariando la ley.
-Se trasladó la competencia al Área Metropolitana para celebrar contratos, consultoría y de obra para desarrollar objetos contractuales que a juicio del ente de control no constituyen “obras de carácter metropolitano”.
-Se utilizó indebidamente y, con exceso, como regla general, la figura del convenio interadministrativo para tercerizar la gestión contractual.
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Oscar Sandoval asegura que aunque la Contraloría General decretó la intervención sobre los cinco procesos de responsabilidad que se adelantaban en contra del alcalde, “el resto de nuestras competencias frente al seguimiento de las obras no tienen algún tipo de intervención”.
“Lo que yo estoy haciendo es un seguimiento especial a todos los contratos, para darle una mayor garantía al proceso. Lo que quiero es fortalecer la denuncia penal con el propósito de que estas investigaciones lleguen a un fondo real y se proteja el patrimonio público”, dijo.
Y explicó que la denuncia penal presentada se da como una coadyuvancia a la investigación que ya existe en la Unidad de Delitos contra la Administración pública, la cual se generó en septiembre, a raíz de los informes de auditoría relacionados con estos mismos hechos.
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