“Mis cuatro hijos serán profesionales gracias a la coca. No me da pena reconocerlo, ni me arrepiento de haberles dado la oportunidad de pisar una universidad gracias a esa mata”.
Miguel Ángel (*), un campesino de la zona rural de Cúcuta, reconoce que, gracias a sus 5 hectáreas de coca, sembradas en los límites entre Vigilancia (Cúcuta) y Totumito (Tibú), su familia vive ‘medianamente bien’ y ninguno de sus hijos tendrá que ‘arriesgar el pellejo’ como él para llevar el pan a la mesa.
“Hace años me dedicaba a la venta de madera en la zona de Tibú. La gente me buscaba para que yo les cortara y les limpiara los terrenos en los que después se sembraba coca. A mí me daba miedo ese negocio, simplemente talaba y vendía la madera que me quedaba. Pero todo cambió cuando entré en una crisis económica muy fuerte y un amigo me invitó a trabajar con él con esa mata”, agregó Miguel Ángel.
El amigo que menciona, tenía varias hectáreas con coca de ‘La Gabarra para adentro’, pero como por allá se complicó la obtención de los insumos para procesar la pasta base, decidió venirse para la frontera, donde consiguió un terreno por Totumito.
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“Él me dijo que viniera a limpiarle una tierra que había conseguido, y así lo hice. Después sembró coca y me pidió que me quedara cuidándole el cultivo. Cuando llegó la raspa y vi lo que obtenía de ganancia, decidí arriesgarme y ahí me quedé”, señaló.
A la vuelta de unos meses, Miguel Ángel había comprado cinco hectáreas que le vendieron a ‘precio de huevo’ y ya tenía su propio cultivo de coca. Como todos los que se trasladaron desde diferentes partes del Catatumbo a sembrar coca en la zona rural de Cúcuta, Miguel Ángel le apostó a una semilla que llaman ‘injerto’ y que da raspa cada dos meses.
“Esa semilla nos deja cuatro kilos de pasta base de coca por hectárea. El kilo, a pesar de la guerra que libran en esa zona la guerrilla del Eln y Los Rastrojos, lo están pagando a 2 millones y medio de pesos. Cada raspa, en promedio, me deja alrededor de 50 millones.
De ahí pago los ‘raspachines’, los insumos, la ‘cuota’ que nos impone el grupo al que no le vendemos y las coimas a todas las autoridades, de ambos lados de la frontera, que nos dejan mover la mercancía”, subrayó Miguel Ángel.
“La coca en el Catatumbo se ha convertido en la forma más abreviada de movilidad social de los jóvenes. No es solo dinero fácil, también es una forma de consolidar proyectos de vida y, para los grupos armados ilegales, una vía para tener representación política y reconocimiento social”, Jorge Mantilla, investigador asociado del Great Cities Institute, de Chicago (EE.UU.)
Al final, dijo, lo que termina quedando puede estar alrededor de los 20 millones de pesos, una cifra nada despreciable para un cultivo que no tiene comparación en la zona con esos márgenes de ganancia.
“Los riesgos son muy altos. Yo mismo me salvé de morir en la masacre del sábado 18 de julio, ocurrida en la fi nca El Limonar, en límites entre Totumito (Tibú) y Vigilancia (Cúcuta). Un día antes la guerrilla del Eln pasó advirtiéndonos que Los Rastrojos estaban muy cerca y lo mejor era que nos fuéramos”, aseguró Miguel Ángel.
Consciente del riesgo que corría, decidió salir hacia Cúcuta, y luego hacia una zona donde permanece escondido hasta que la tranquilidad vuelva al lugar donde los elenos se disputan a muerte el control territorial con
Los Rastrojos
En la masacre de ese sábado 18 de julio, fueron asesinados seis hombres.
Además, muy cerca de donde ocurrió esta masacre, fue asesinado Ernesto Aguilar, miembro de la Junta de Acción Comunal de Vigilancia, y quien apareció golpeado, con las manos cortadas y apuñalado. Ese mismo día se conocería también el asesinato de otra persona, cerca de donde se halló el cuerpo de Aguilar, para un total de ocho muertos.
“Para poder volver, necesito que algún grupo se consolide en la zona y asuma el control de la compra de la pasta base de coca. Mientras tanto, es imposible, pues ambos grupos nos culpan a nosotros de estar del lado de sus enemigos y quedar en medio de ese fuego cruzado solo genera muertes y desplazamientos como el de las 400 personas que se fueron para Banco de Arena después de esa masacre”, enfatizó.
Al sol de hoy, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en la zona rural de Cúcuta hay más de 300 hectáreas cultivadas con coca, y en su vecino Tibú, más de 16 mil, que lo convierten en el municipio con más coca del país y un caldo de cultivo más que propicio para todas las violencias que giran en torno a este negocio multimillonario.
La coca, más allá del dinero
“La coca en el Catatumbo se ha convertido en la forma más abreviada de movilidad social de los jóvenes. No es solo dinero fácil, también es una forma de consolidar proyectos de vida y, para los grupos armados ilegales, una vía para tener representación política y reconocimiento social”.
La cita es de Jorge Mantilla, investigador asociado del Great Cities Institute, de Chicago (EE.UU.), y uno de los académicos que más está estudiando en este momento las economías ilegales presentes en la zona de frontera, especialmente en el departamento de Norte de Santander.
“La coca es más un problema político que económico, y por eso las élites presentes en este territorio no comulgan con la posibilidad de que la coca desaparezca, por cuanto su capital político, su dinero y sus caudales electorales, se han construido desde la ilegalidad”.
En consonancia con este planteamiento, la coca en la región del Catatumbo puede verse más allá de un multimillonario negocio que ha fi nanciado un confl icto de más de 60 años, y entenderse como una de las formas que ha tenido una región históricamente excluida, para poder sobrellevar el olvido estatal. En esta zona, la coca ha servido para construir vías, generar empleo y garantizar la subsistencia de una población para la que el Estado siempre ha estado representado a través de las fuerzas militares.
“Por esto es que los proyectos productivos que se adelantan allí, con el fi n de sustituir los cultivos de uso ilícito, como la palma africana y el cacao, carecen de esa posibilidad de movilidad social que ofrece la coca. Ninguno de estos le va a permitir a esta región poder establecer relaciones con las élites locales y nacionales como lo ha hecho la coca”, agregó Mantilla.
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Para el investigador, hay un hecho que el país se ha negado a reconocer: el crimen organizado, que subsiste en gran medida por el negocio de la coca, también es un fenómeno político. “La coca es más un problema político que económico, y por eso las élites presentes en este territorio no comulgan con la posibilidad de que la coca desaparezca, por cuanto su capital político, su dinero y sus caudales electorales, se han construido desde la ilegalidad”, subrayó el académico.
En ese sentido, ¿cómo acceder a la verdad si los que deben garantizar que esta se conozca, han construido sus ‘carreras’ bajo el amparo de la coca en territorios como Cúcuta y el Catatumbo?
La política del silencio
Para Mantilla, el poder político es el que garantiza la continuidad de las operaciones ilegales y la protección a reconocidos capos y a sus gigantescas fortunas, y este dinero fi nancia campañas políticas, incluso presidenciales.
Dicho de otra forma, el crimen organizado que se sostiene gracias a la coca, es una actividad que, al igual que la guerra, consiste en construir formas no estatales de protección, tributación y control social. Y en ese contexto, el acceso a la verdad de lo que ocurre en los territorios se hace imposible, por cuanto los que subsisten y se financian de estas actividades ilegales no quieren que esta economía desaparezca.
En Norte de Santander, muchos pensaron que la salida de la guerrilla de las Farc del escenario de la guerra, iba a significar una oportunidad única para que se conociera por fin lo que han significado tantos años de conflicto, con multiplicidad de actores en disputa.
Sin embargo, lo que se ha dado es una reorganización y una diversificación de las rentas ilegales disponibles, que incluso van más allá del narcotráfi co como el principal causante del recrudecimiento de la violencia en estas zonas donde lo que se esperaba era que la paz por fin empezara a consolidarse.
En palabras de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, excomandante del Frente Fronteras de las Autodefensas Unidas de Colombia, la coca en el Catatumbo ha generado una economía que incluso ha benefi ciado al mismo Estado colombiano, que ha recibido miles de millones de dólares para combatir una economía que es rentable para todos los que hacen parte de ella, ya sea porque se benefi cian o la tienen que combatir.
“Con los miles de millones de dólares que los Estados Unidos han enviado a Colombia en su lucha contra las drogas el Estado pudo haber constituido empresas, construir vías y garantizarles a los habitantes del Catatumbo otros medios de subsistencia diferentes a los que ofrece la coca”, aseguró Laverde Zapata ante la Comisión de la Verdad.
En ese mismo sentido, Emiro Ropero, conocido al interior de las Farc como Rubén Zamora, aseguró que cada año Colombia compra alrededor de 23 millones de litros de glifosato para fumigar cultivos de coca, creyendo que con esto va a acabar con un delito que benefi cia no solo al Estado, sino a las empresas que se lucran con la guerra contra las drogas que este libra. Felipe Corzo, secretario de Gobierno de Norte de Santander, aseguró que en el departamento son cerca de 20 mil las familias que siembran coca, aunque este número parece ir en aumento cada vez más.
“En este momento lo que estamos viendo es que el Ejército está adelantando programas de erradicación forzada en territorios que ni siquiera fueron caracterizados en el marco del Acuerdo de Paz para ser sujetos de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Es decir, el Ejército está interviniendo nuevas zonas que han sido cultivadas y donde históricamente no teníamos ese problema”, dijo el funcionario.
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Laverde Zapata, hoy reintegrado a la vida civil tras pagar su pena contemplada en Justicia y Paz, aseguró que al Catatumbo pueden llegar un millón de soldados, que los profundos y ocultos intereses políticos y económicos no van a permitir que la economía de la coca desaparezca. Con un territorio tan extenso y un confl icto armado que cada vez se complejiza más, la coca puede llegar incluso a convertirse en el Catatumbo en un ingreso más del que este se nutre.
“Al Catatumbo pueden llegar un millón de soldados, que los profundos y ocultos intereses políticos y económicos no van a permitir que la economía de la coca desaparezca”, Jorge Iván Laverde, excomandante paramilitar.
Por esta línea, en un texto titulado ‘Masacres y asesinatos de líderes: ¿la política por otros medios?’, publicado en Razón Pública, el investigador Jorge Mantilla sostuvo que el recrudecimiento de la violencia que se ha vivido en este territorio podría obedecer a tres factores:
1. Los conflictos locales, protagonizados por grupos fragmentados, con liderazgos inestables que dependen del control social de las comunidades de las que hacen parte.
2. La diversifi cación de las rentas ilegales, en un contexto donde no solo el narcotráfi co es el motor de la violencia armada y de las disputas por activos territoriales en materia extractiva y construcción de poder.
3. La desconexión entre el aumento de las acciones de control por parte del Estado y la incapacidad de ese mismo Estado para proteger a las comunidades y a sus líderes.
¿Cómo acceder a la verdad en este contexto?
Gerson Arias, coordinador de Diálogo Social de la Comisión de la Verdad, afi rma que esta se ha convertido en el territorio en un “gran dispositivo de escucha que pretende recoger todas las voces para contarle al país qué nos pasó y por qué nos pasó”.
En ese sentido, agregó, se necesita fortalecer la refl exión para entender por qué las condiciones que favorecieron tanta barbarie, se siguen presentando hoy en la región.
Para Saúl Franco, Comisionado de la Verdad, hay tres ideas centrales sobre las que se soportan los orígenes del confl icto en el Catatumbo:
1. Unas carencias estructurales en vías, educación, salud, justicia y el acceso a los servicios mínimos que debería tener una región y que se traducen en una presencia débil del Estado.
2. El narcotráfico y todas las economías ilegales que subsisten alrededor de él.
3. La condición de frontera, que ha fortalecido otros tipos de conflictos y delitos que han terminado por exacerbar aún más las violencias ya existentes en el territorio.
Bajo esta realidad, los habitantes de la región han vivido con el señalamiento de ser guerrilleros, paracos, peligrosos, cocaleros o narcotrafi cantes. Esta multiplicidad de estigmas construidos alrededor de las y los catatumberos, ha justificado las más graves violencias y en la actualidad alimenta la perpetuación de los conflictos.
En palabras de monseñor Omar Alberto Sánchez, quien fuera hasta hace poco obispo de Tibú, los habitantes del Catatumbo se reconocen, no solo como los artífices de su propio destino (cuando decidieron apostarle a la coca), sino como los productores de sus propios verdugos, es decir, se ven a sí mismos como el combustible que alimenta sus propias desgracias.
En el campo, las personas saben, se reconocen como los ‘financiadores’ del conflicto que los mantiene sumidos en la desgracia, pero también saben que no tienen otra opción más, por ahora, que la de seguirle el juego, casi que de manera sumisa, a un destino que los oprimidos.
