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Amazonía, ¿secuestrada por grupos ilegales?

Disidencias de las Farc se apoderaron de 67.000 kilómetros cuadrados, un poco más de 37 veces el territorio de Bogotá.

El sábado 15 de febrero llegaron hombres armados y con prendas camufladas al puesto de control del Parque Nacional Natural Cahuinarí –en el corazón de la Amazonía en el que viven los osos hormigueros– y les dieron 48 horas a los guías ambientales para que salieran de la región.

En sus uniformes se podía distinguir el brazalete tricolor con las letras Farc-Ep y se presentaron como hombres de 'Gentil Duarte', el principal cabecilla de las disidencias de las Farc y uno de los más buscados del país.

Desde ese momento, las 10 áreas protegidas se convirtieron en un fortín de guerra, un escudo perfecto para, según las Fuerzas Armadas, las economías ilícitas como el narcotráfico, minería ilegal, tráfico de madera y de ganado.

Se trata de 67.000 kilómetros cuadrados, un poco más de 37 veces el territorio de Bogotá, que hoy están amenazadas, en su mayoría, por los frentes primero, séptimo, 40 y 62 de las disidencias de las Farc comandadas por 'Gentil Duarte', 'Iván Mordisco' y 'Calarcá'. También está el frente José Daniel Pérez Carrero del Eln.

Para entender qué es lo que está en juego hay que saber que esta es una región que se caracteriza por dos cosas: tiene el 30 % de la deforestación del país, según datos del Ideam, es decir, hay grandes extensiones de bosque que están siendo taladas por ilegales, pero también es la más biodiversa de Colombia. De acuerdo con datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en ella habitan 674 especies de aves, 158 de anfibios, 195 de reptiles, 212 de mamíferos, de 753 peces y más de 6.300 plantas diferentes de flora.

Ahora bien, el país solo se dio cuenta de la salida de los guardaparques el fin de semana pasado por una cadena de hechos que puso a la Amazonia en las pantallas de los noticieros. 

Primero, el Gobierno, encabeza de los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y de Ambiente, Ricardo Lozano, visitaron el Parque Tinigua y anunciaron el control de 1.900 hectáreas que fueron deforestadas. Segundo, la noche del domingo la Defensoría del Pueblo alarmó sobre un incendio en Caño Cristales, el cual señaló como un “atentado contra la humanidad”.

Sobre esto, el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, afirmó que hay información sólida que comprobaría el pago, por parte de los ilegales, de 1,9 millones a cada persona “para que lleguen a esos sitios con motosierra para empezar a tumbar selva. En época seca hacen quemas para abrir el resto del espacio”.

Abriendo espacio

Justo después de esto, Carlos Castaño-Uribe, exdirector de Parques Nacionales Naturales y director de la fundación Herencia Caribe, contó que el asunto iba más allá de un incendio y sentenció que realmente lo que ocurre es la transformación del uso del suelo del bosque.

“Desde el 7 de febrero las disidencias de las Farc han venido dando una serie de instrucciones perentorias. Dicen que no quieren volver a ver a los funcionarios en las cabañas de control y vigilancia donde hemos permanecido durante años. Y que además no podemos transitar por los ríos Caquetá, Apaporis, Puré y Yarí. So pena de perder la vida. Dan la instrucción de dejar todos los equipos de Parques incluidas las lanchas, los radios y todos los implementos de dotación. Insistieron que no quieren tener turismo, que no quieren extranjeros. Puntualmente, que no quieren turismo en Caño Cristales. Ellos buscan el control estratégico de este territorio”, dijo Castaño-Uribe y agregó: “Hay un apetito voraz por apropiarse de la tierra. Hay deforestación aguda, un proceso de transformación muy dramático”.

El experto indicó que a pesar de la gravedad de la situación este es un reto a la institucionalidad. “Nos tenemos que sentar a mirar qué es lo que pretendemos de la Amazonia como país. ¿La queremos ver como un potrero?”

Reaccionar 

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, dijo que el problema no son los incendios, que esa es la punta del iceberg.

“La quema es la parte final del proceso, la quema quiere decir que ya tumbaron el bosque. Ahora, el país lo que está haciendo es reaccionando con el humo y no cuando están tumbando la madera, es ridículo. El problema no es apagar el incendio, como si apagando el incendio ya hubiéramos solucionado el asunto. El problema es este: tenemos desmantelado el territorio amazónico por instrucción de la disidencia. Esto es bastante grave. No tenemos presencia del Estado”.

Botero indicó que aunque el Gobierno ha venido señalando a las disidencias como las responsables, ellos no son el único actor fuerte en la región. 

“Hay actores clave como el narcotráfico, la gran ganadería, el latifundismo. No podemos ser tan simplistas y decir que es un problema de disidencias”.

Entretanto, Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, sostuvo que lo que ocurre es que hay una debilidad enorme del Estado en esa región. 

“Es mucho más compleja la radiografía de lo que parece. Con los operativos evidentemente están haciendo unas capturas de campesinos que básicamente son víctimas del abandono del Estado. Son víctimas del narcotráfico, son víctimas de las actividades ilícitas que encuentran la mano de la obra en la región”.

Trujillo subrayó que se debe entender a los guardaparques como veladores de los derechos de todos los colombianos en proteger esas áreas y “no están armados, insisto, no están armados, es gente sin armas, esa es la filosofía de Parques Nacionales. Esas áreas se manejan a través del diálogo y de la concertación. Los guardaparques no capturan. No sacan a la fuerza a nadie”.

Acciones del Estado

Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, recordó que en septiembre de 2018 se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación que tiene dos componentes: uno, el de monitoreo y fortalecimiento del Ideam y dos, aumentar las capacidades de la Fuerza Pública para combatir las actividades ilegales que se están presentando también en los Parques.

Hemos venido recuperando hectáreas en varios parques y eso lo que genera son bastantes amenazas frente a lo que hacemos. Nuestro ejercicio ambiental va acompañado de las denuncias penales. Las amenazas se vienen dando de tiempo atrás además a todos los funcionarios de las corporaciones que están en el Amazonas, de los institutos de Investigación. Todo el ejercicio ambiental genera este tipo de reacciones”.

El componente armado y judicial con el que dispone el Gobierno para hacerle frente a esta problemática lleva el nombre de una diosa de los animales salvajes y del terreno virgen: Artemisa.

Inició en abril de 2019 como una campaña interinstitucional en la que no solo están las Fuerzas Militares, también está la Policía, Fiscalía y el Ministerio del Medio Ambiente.

“Por eso nuestras Fuerzas Armadas tienen la misión de proteger estas zonas de los criminales depredadores, que destruyen los bosques para sembrar coca”, aseveró el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien también afirmó que está establecido “que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación, con las cuales se financian las bandas criminales   son las principales amenazas a nuestro medio ambiente”.

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Colprensa
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Miércoles, 4 de Marzo de 2020
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