Después de que un juez condenó el miércoles al tuitero Francisco Javier Andica por amenazas a través de las redes sociales, ese delito queda regulado en el mundo digital. Se creó un precedente.

En este caso, el condenado realizó amenazas a través de su Twitter a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los periodistas Daniel Samper, Julio César González (Matador) y Vanesa De La Torre. El 28 de julio de 2018 cuando se desató la polémica borró los trinos y cerró sus redes sociales, pero no fue suficiente para evitar la condena.

Andica, mediante un perfil ficticio llamado @antipopulimos realizaba trinos expresando, por ejemplo: “señores magistrados recuerden que hoy se les acaba el plazo para dejar a Álvaro Uribe en paz de lo contrario mataremos magistrados cuantos magistrados mataremos por día?” (sic), trinó a principios de 2018.

La Fiscalía indicó que fue condenado a 38 meses de prisión por el delito de amenazas. Además, se le impuso una multa de 6,5 salarios mínimos, es decir, tendrá que pagar $5.382.754. De acuerdo con el Código Penal, el delito de amenaza, se define como: “el que por cualquier medio atemorice a una persona, familia, comunidad o institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población”.

El primer caso

No hay antecedentes de otra condena por este tipo penal. Por lo cual sería la primera en Colombia contra un ciudadano por amenazas en plataformas digitales y sienta jurisprudencia.

En el pasado, se dio el caso del estudiante Nicolás Castro, quien por redes sociales amenazó a los hijos del expresidente Uribe. El caso no terminó en condena pues el juez consideró que Castro no contaba con los medios para cumplir con la amenaza.

La justicia tiene la tarea de adaptarse entonces a los nuevos retos –como el de las redes sociales– y los jueces no son ajenos a ello, en consecuencia, de aquí en adelante se esperan más sentencias de este tipo.

Los comentarios violentos que se expresan en las redes sociales podrían cruzar una delgada línea en donde deja de ser libertad de expresión y se transforma en amenaza.

El penalista de la Universidad de los Andes, Ricardo Posada, considera que la libertad de expresión es totalmente diferente a la amenaza ya que en la segunda se busca silenciar al contrario.

Posada subraya que para que el delito se configure se deben cumplir dos requisitos: Primero, que la amenaza se realice en razón de la función social que cumple la persona. Segundo, comunicar la intención de causar daño y tener los medios adecuados para cumplir la amenaza, es decir, “tener la capacidad de desplegar fuerza efectiva”, explicó.