Como inconstitucional, inviable e impertinente calificaron los expertos la propuesta que lanzó este martes el presidente Gustavo Petro en un encuentro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia.
El mandatario aseguró que si los bonos que emite el Banco de la República fueran a pagar las indemnizaciones que el Estado debe entregarles a unas nueve millones de víctimas del conflicto, se saldaría la deuda en 10 o 15 años.
Explicó que si el presupuesto anual para hacer dicha reparación es de $2,5 billones y la indemnización es de $301 billones, “le estamos diciendo a la sociedad que las víctimas se van a morir primero antes de recibirla”, comentó.
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Para hacer frente a esa situación, expresó que “hay que construir otro camino, si no son los victimarios ¿de dónde puede ser?” Entonces lanzó una idea con la que, dijo, lo “excomulgaría, no la Iglesia, el Banco que es peor que la Iglesia. Hay un camino no ortodoxo para hacerlo”: “La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos”.
Y sentenció: “O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo” y de aplicarlo, en un lapso de 10 años o 15 años se podría garantizar que el número de víctimas sea indemnizado.
Obviamente esas palabras sonaron muy loables ante el auditorio que conserva la esperanza de la reparación económica a la que tiene derecho, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011. Pero deja muchas inquietudes acerca de su viabilidad.
Los peros...
La emisión a la que se refiere el presidente es de deuda en cabeza del Banco de la República, es decir, dicha entidad es la responsable de pagar los recursos que pide al público por medio de esos título.
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El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que el Banrep coloca Repos para garantizar la liquidez de los bancos, es decir, pide plata prestada a cierto interés para prestársela con su tasa de interés a los bancos del país. La diferencia entre ambas tasas se la gana el Emisor. El Banco de la República paga esos recursos porque a su vez los bancos le pagan.
Restrepo explicó también que la emisión vía crédito se tiene que dar por unanimidad en la junta del Banco de la República, no simplemente porque el presidente quiera, ni siquiera el Congreso está facultado para ordenarlo. De hecho, la Ley 31 de 1992 y el artículo 353 de la Constitución establecen que este es el último recurso que le debe quedar al Gobierno si no consigue ninguna otra fuente de financiación.
El presidente dijo que esta no sería una imposición, pues respeta la independencia del Banco Central, sino que sería el resultado de un Acuerdo Nacional.
Y, en opinión de Restrepo, “no es una buena práctica porque supedita la política monetaria a la política fiscal, genera pérdida de credibilidad financiera internacional y hace mas costoso o inviable la deuda”.
De hecho, el exministro consideró que es posible que una idea como esta lanzada en un momento inoportuno haga mover el precio del dólar y la confianza inversionista en la actualidad.
“Este tipo de gastos tiene que ir cargado al presupuesto general, es una responsabilidad del Estado reparar a las víctimas, y al igual que todas sus responsabilidades debe guardar las partidas presupuestales para ello. Incluso en la adición presupuestal recién aprobada había recursos adicionales para pagarles a las víctimas”, señaló Restrepo.
Y es que el mismo gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, había explicado, en mayo del año pasado, que no es pertinente que su entidad le diera un prestamos el Gobierno, ya que “tendría un costo muy alto en materia de credibilidad y no cambiaría el déficit, sino la forma de financiarlo”.
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