Un informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), reveló que las mujeres cabezas de hogar, de bajos recursos, sin estudios superiores y con algún tipo de violencia son el común denominador de quienes están privadas de la libertad en el territorio nacional.

El estudio se dio luego de realizar 1100 encuestas a hombres y mujeres privados de la libertad en siete centros carcelarios. 

El análisis consideró que la mayor parte de las mujeres que están en las cárceles no han cometido delitos violentos y son infractoras por primera vez.

“De hecho, el 53,4% de ellas narra haber cometido el delito por razones relacionadas con su vulnerabilidad económica. El 45,2 % fue detenida por delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de pequeñas cantidades de estupefacientes, siendo usualmente, los eslabones débiles y fácilmente sustituibles de la cadena delictiva”, aseguró el informe.

A juicio del estudio, la permanencia de las mujeres en la prisión no afecta significativamente a las organizaciones y redes criminales, pero en cambio tiene un impacto en su núcleo familiar. 

Según el estudio, al momento de su encarcelamiento el 85% eran madres y el 54 % de ellas vivían con sus hijos menores de 18 años, de los cuáles eran las principales cuidadoras y fuente de ingresos económicos para su manutención.

El análisis dice que con su encarcelamiento se rompe el núcleo familiar, lo que deja a los hijos expuestos al trauma de la separación, el estigma y las presiones sociales y económicas que pueden llevarlos a vincularse, a su vez, con grupos delincuenciales, reproduciendo un ciclo de violencia permanente.

Así las cosas, “la investigación cuestiona si la prisión debe ser la respuesta dominante frente a las mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana, que son infractoras por primera vez y que tienen responsabilidades de cuidado”.

Para Liliana Sánchez, principal investigadora del informe, “es necesario ampliar y potencializar las alternativas a la prisión para mujeres infractoras que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana y que tienen responsabilidades de cuidado”.

En este sentido, los autores del informe abogan por un diseño e implementación de alternativas a la prisión para las mujeres infractoras que incorpore una perspectiva de género y  un enfoque de justicia restaurativa, así como una política criminal centrada en la prevención y la reinserción, promoviendo mayores programas laborales y educativos para recluidas y pospenadas.

Para los investigadores, “las medidas alternativas generan costos menores y son más efectivas para reducir la reincidencia, mejorar las posibilidades de reinserción y mitigar las vulnerabilidades a las que se ven expuestas las mujeres cuando entran en contacto con el sistema penal.