El presidente de la República, Juan Manuel Santos, informó que el grupo armado ilegal conocido como el ‘Clan del Golfo’ iniciará el proceso de entrega colectiva luego de haber sido sancionada la ‘Ley de Sometimiento a la justicia’, este lunes.
“Vamos a iniciar este proceso de forma coordinada, Gobierno y Fiscalía para recibir a los miembros de esta organización, someterlos a la justicia, y creo que eso es un paso muy importante para la tranquilidad y seguridad del país porque al fin y al cabo esta organización es tal vez la organización criminal que más daño ha venido haciendo en estos últimos tiempos”, dijo Santos luego de sancionar norma.
Según el mandatario, las conversaciones para adelantar este proceso una vez se sancionara la ley, habían iniciado con los abogados representantes del Clan del Golfo, con autorización del fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y del vicepresidente de la República, Óscar Naranjo.
Santos agregó que esta ley es importante para la seguridad de los colombianos y clave para dar continuidad al acuerdo de paz con las Farc porque la ley permite la aplicación del derecho penal de forma colectiva para los grupos delictivos organizados (GDO), y los grupos armados organizados (GAO).
Se espera que antes del 7 de agosto, día en que toma posesión el presidente electo, Iván Duque, el proceso de sometimiento a la justicia con este grupo armado ilegal pueda mostrar avances.
Por su parte, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, agregó que grupos armados disidentes de las Farc, ‘Los pelusos’ y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pueden someterse a la justicia a través de esta ley.
“Lo más importante, a juicio de la Fiscalía, de esta ley son los instrumentos que van a permitir la judicialización de todas estas organizaciones. Nuevos instrumentos que no tenía el Estado, como por ejemplo, concierto para delinquir aumentar las penas de 8 a 18 años y no de 4, que eran las que estaban imponiendo a los líderes de esta organizaciones criminales”, añadió el fiscal.
Esta ley contempla mecanismos para enfrentar de forma más efectiva la delincuencia organizada; fija el procedimiento especial para que grupos armados ilegales se sometan a la justicia; no les da reconocimiento político o mecanismos de la Justicia Especial para la Paz (JEP) a los grupos delictivos organizados; y pretende luchar contra organizaciones y delincuentes responsables de masacres contra líderes y movimientos sociales.
A través de esta ley, también se crean delitos como constreñimiento por parte de grupos armados y amenaza contra defensores. Así mismo, se aumentaran las penas para otro tipo delitos, amplía términos para investigaciones, y no se exime a los grupos armados ilegales de una eventual extradición.
