El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se declaró preocupado por la "tendencia al alza" de masacres, homicidios y violencia generalizada contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, de manera que le recomendó al gobierno colombiano adoptar una "política pública de desmantelamiento" de las organizaciones detrás de esos delitos.
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"El Comité nota con preocupación la tendencia al alza de situaciones como masacres y homicidios de personas defensoras, cometidas por organizaciones criminales y grupos armados no estatales, así como casos de ejecuciones extrajudiciales y otras presuntas privaciones arbitrarias de la vida en que habrían incurrido miembros del Ejército Nacional, la Policía Nacional y otros funcionarios públicos con asignación de armas del Estado", dijo un aparte del informe.
También se manifestó inquieto por los "altos niveles de agresiones" contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, sumado a la impunidad que rodea los ataques a este sector de la sociedad.
"El Estado parte debe adoptar e implementar una política nacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos, en el marco del proceso nacional de garantías, con una amplia participación de la sociedad civil, que pueda dar respuesta a las necesidades de prevención, protección, lucha en contra de la impunidad y no estigmatización de las personas defensoras", recalcó.
El pedido fue hecho desde Ginebra (Suiza), durante una sesión del Comité alrededor del "Pacto internacional de derechos civiles y políticos", en la que fueron examinados los casos y situaciones que experimentan siete países: Brasil, Burundi, Chipre, Lesotho, Palestina, Uganda y Colombia.
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Aunque el Comité alentó las propuestas de paz de la administración de Gustavo Petro, así como el trabajo de jueces, fiscales y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para ponerle freno a la violencia o desenmascarar a sus perpetradores, advirtió que aún resta un trecho largo para alcanzar la tranquilidad total en el país.
En ese sentido, propuso "avanzar en la reforma del sector de seguridad mediante la nueva política de seguridad humana, con base en indicadores medibles y objetivos, que contemplen la inclusión de los enfoques diferenciales, de género y étnico, para cambiar sustancialmente las doctrinas militar y policial".
Además de incluir a las comunidades en la "identificación de sus necesidades de seguridad" y abrir "espacios" para que de común acuerdo con la institucionalidad se implementen y se ejerzan políticas de "seguridad humana".
También inquietó a la oficina de la ONU los continuos "asesinatos de excombatientes de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz", por lo que sugirió que se adopten e implementen "medidas de protección" no solo para los ex guerrilleros sino para las "comunidades más afectadas por el conflicto interno".
"Incluyendo el aumento de las autoridades civiles en las zonas afectadas por la violencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y la ampliación del despliegue y la capacidad territorial de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público en zonas afectadas", agregó el Comité en sus recomendaciones.
Sugirió que se mantengan los "esfuerzos de investigación macrocriminal, velando porque todos los casos de masacres, homicidios de personas defensoras, ejecuciones extrajudiciales y otras privaciones arbitrarias de la vida sean investigados de manera pronta, exhaustiva e imparcial"
También planteó la posibilidad de una reforma al actual "modelo de protección", incluida la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que se priorice "la prevención y la protección colectiva y comunitaria, focalizada en los territorios con mayores niveles de violencia y que incorpore los enfoques diferenciales, étnico, de género, feminista e interseccional".
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