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Lunes, 19 Agosto 2019 - 4:24pm

Contratos del general Romero incluirían desde dulces hasta fotocopiadoras

En el expediente hay toda suerte de contrataciones, entre los cuales aparecen los nombres de suboficiales, oficiales y civiles.

Colprensa
El general retirado Jorge Horacio Romero responde ante la justicia por presuntos actos de corrupción.
/ Foto: Colprensa

"No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional – BASPC4 (Batallón de apoyo y servicios para el combate No. 4), ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta”. 

Esta es una de las frases que se quedó en el papel y hace parte del compromiso anticorrupción con el que fue adjudicado el contrato 164 cuyo objeto era la adquisición de un juego de sala y un comedor para la sede del Batallón de Instrucción y Reentrenamiento de la Cuarta Brigada del Ejército. Este es uno de los contratos que tienen al general retirado Jorge Horacio Romero respondiendo ante la justicia.

Quien firmó el documento, bajo la gravedad de juramento, fue Ana Lucía Posada Valencia, la representante legal de la firma Distrilogística PG SAS, sociedad que tiene sede en la Calle 51 con Carrera 73 de Medellín, según consta en su registro de Cámara de Comercio, que advierte que fue creada el 25 de agosto de 2014. 

Una empresa que tiene una “amplísima variedad de productos y servicios”, según el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Joaquín Urbano, que presidió la audiencia en contra del oficial que fue retirado del Ejército.

La afirmación del togado no fue en vano. Distrilogística logró hacerse a ese contrato de adquisición de mobiliario y enseres en octubre de 2017 por un valor de $2.180.000 el juego de sala en L, tapizado en cuerina, y el comedor en estructura metálica, con vidrio de ocho milímetros, avaluado en $4.785.000. En total, $6.965.000, un precio razonable para una empresa que se dedica a comercializar muebles.

Pero un año antes, Distrilogística PG SAS obtuvo un contrato para una actividad comercial completamente diferente. Se trata del contrato 155 de 2016, por $43 millones. En esa oportunidad no fueron muebles, sino el servicio de cafetería y restaurante para eventos programados por el comando de la Cuarta Brigada con motivo de las celebraciones de Navidad y fin de año.

Los festejos objeto de la negociación eran una cena navideña para 362 personas que incluía plato fuerte, pasabocas y postre por un valor de $12.274.000. La atención para una reunión de comandantes de las diferentes unidades de la Cuarta Brigada en la que a los oficiales les ofrecieron refrigerio, pasabocas y almuerzo principal por un total de $8.783.500.

También ofertaron el almuerzo de fin de año que costó $11.942.500 e incluía el plato fuerte, el postre y pasabocas. En el Dispensario Médico de la Cuarta Brigada y en el BASPC04 también hubo una fiesta similar por montos de $5.000.000 en cada una.

La persona que funge en ese contrato como ordenador del gasto es el teniente coronel Harol (así escrito) Felipe Páez, comandante del BASPC4. Este oficial, ya retirado del servicio, fue uno de los militares que a principio de este mes fue arrestado por la Fiscalía y que tras las audiencias de rigor fue cobijado con medida de aseguramiento. En la etapa de juicio el ente acusador busca probar que es culpable de los delitos de celebración de contratos, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

En carta fechada el 7 de diciembre de 2016, Páez es quien le informa a Ana Lucía Posada Valencia que fue aceptada la propuesta que presentó para ese proceso licitatorio que se hizo bajo la modalidad de mínima cuantía. La empresa que se ganó la licitación para los ágapes decembrinos entregó la propuesta el 2 de diciembre de 2016. Es decir que se tardaron solo cinco días en elegir el contratista. Entre los documentos de la propuesta también figura el compromiso anticorrupción en el que ratifica su actuar transparente en el proceso.

El mismo día de la presentación de la propuesta se celebró la reunión en la que se dio por cerrado el proceso de contratación, según consta en el acta 4210 en la que se lee que se procedió a “contar los sobres allegados y a determinar el número de propuestas presentadas. Se contabilizó un total de dos (2) Sobres (sic), que corresponden a una (1) propuesta presentada, cuyos datos tomados del sobre original se relacionan a continuación: 1. Proponente: Ana Lucia Posada. Establecimiento de comercio: Distrilogistica PG S.A.S”.

Ese final de año fue bastante lucrativo para la firma. El último día de noviembre de 2016 a la sede de Distrilogística PG SAS llegó una nueva comunicación de aceptación de oferta dentro del proceso 082-BASPC04-2016 para la adquisición de equipos de oficina para la Fuerza de Tarea Conjunta de monitoreo y verificación del norte y el digiturno para el dispensario médico de Medellín.

Esta Fuerza es una unidad no operacional de la Brigada y sus integrantes se encargan del monitoreo de las zonas en las que se encuentran los exguerrilleros de las Farc.

Los equipos para el dispensario a los que se hace referencia en el objeto del contrato era una máquina administradora de turnos para la atención de usuarios ($9.500.000), una destructora de papel ($3.248.000) y una fotocopiadora ($4.176.000). En el caso del requerimiento de la Fuerza también se compró una destructora de papel ($2.531.694) y dos fotocopiadoras ($12.180.000). 

Así las cosas, en una semana la sociedad consiguió dos jugosos contratos por $74.635.694 por cuenta de actividades comerciales que no tienen relación entre sí.

Más contratos

Posada Valencia, sin embargo, tiene un salvavidas de la Fiscalía. Durante la audiencia, en la que también fue procesado su esposo Samir Fernando García Buitrago, se dijo ante el estrado que todo apunta a que fue usada por su pareja y fue él quien habría falsificado su firma para celebrar y ejecutar los contratos.

De ser cierta esta teoría, la rúbrica que aparece en una carta de septiembre 13 de 2017 con el logo de Distrilogística PG SAS tampoco sería la de Posada Valencia. Esa misiva es una propuesta a la invitación pública No. 047-BASPC04-2017 cuyo objeto era la adquisición de víveres, productos de cafetería y restaurante con destino al comando de la Séptima División, Cuarta Brigada, Dispensario Médico de Medellín y Batallón de Ingenieros No 4. General Pedro Nel Ospina.

Una semana después le estaban notificando a la firma que su oferta económica fue seleccionada “expresa e incondicionalmente” como bien lo señaló el teniente coronel Páez Roa en la carta de aceptación. Ese contrato le significó a la empresa un ingreso por $69.991.890.

Esta vez no fueron muebles ni suculentos platos navideños. El contrato 141 era para víveres destinados a las tropas de la Séptima División y la Cuarta Brigada, así como productos de cafetería para el batallón de Ingenieros y el Dispensario Médico.

Brevas, atún, leche condensada, caramelos surtidos, jugos en caja, arequipes, bebidas lácteas achocolatadas, uvas pasas, jamoneta en lata, masmelos, café molido, crema para café, palillos, vasos desechables y aromáticas fueron, entre otros, los productos que tenía que entregar la firma.

Los productos para la Séptima División tenían un valor de $29.998.000; los de la Cuarta Brigada contabilizaban $19.999.930; para el Batallón de Ingenieros, $17.999.800, y para el Dispensario Médico, $1.993.815.

Esto es apenas la punta del iceberg, porque en el expediente de la Fiscalía hay toda suerte de contratos, entre los cuales aparecen los nombres de suboficiales, oficiales y civiles que estuvieron como supervisores de los mismos, en unos casos, y como ordenadores del gasto, en otros. 

El escándalo puede alcanzar otras dimensiones, ya que la Fiscalía denunció que desde que surgieron los primeros indicios del entramado de corrupción hubo sustracción de documentos, seguimiento a investigadores y fiscales y manipulación de testigos.

Sobre estos temas, en el Ejército Nacional no se conocen pronunciamientos, pese a la insistencia por conocer su punto de vista.

Sobre el proceso 

El pasado 8 de agostó, ante un magistrado del Tribunal de Bogotá, el general (r) del Ejército Jorge H. Romero no aceptó culpa por los cargos de concierto para delinquir, cohecho, peculado e interés indebido en la celebración de contratos. La captura fue decretada legal por parte del togado junto con los allanamientos realizados durante esta investigación.

Durante la diligencia, el fiscal del caso narró las presuntas anomalías en las que habría incurrido Romero mientras estuvo al mando de la Cuarta Brigada del Ejército.

Según el ente acusador, algunos de los contratos que presentan anomalías fueron acomodados a los perfiles de contratistas a quienes les exigían el 10% del valor de los mismos para que les fueran adjudicados.

Colprensa

@Colprensa

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