El fiscal general de la Nación,  Néstor Humberto Martínez, propuso al presidente Iván Duque Márquez recurrir a la tecnología, a la innovación y a la disrupción para combatir con mayor eficacia el narcotráfico y reducir la producción de sustancias ilícitas.

Así lo expuso el jefe del organismo investigador en una carta enviada a Duque en la que recuerda que “las pandillas y los carteles del narcotráfico están poniendo todo su conocimiento y su empeño en su consolidación, mientras el Estado continúa haciendo lo mismo desde hace más de seis lustros”.

Martínez detalló en su carta que para combatir el narcotráfico el Estado debe promover proyectos de bioingeniería en contra del alcaloide.

Igualmente debe racionalizar “el suministro de energía a los invernaderos para acabar con los cultivos hidropónicos y de marihuana”, cuya producción aumentó en los últimos años.
  
“La empresa de energía no puede coadyuvar (...) una actividad criminal. Tendrá que privar de energía a los criminales” y eso también implica inhibir “los flujos de plantas eléctricas en esos territorios”, dijo el fiscal.

Según Martínez, la estrategia de “disrupción” apunta a cortar la luz únicamente a los laboratorios o invernaderos ilegales, aunque no ahondó en los detalles logísticos de llevar a la práctica su propuesta ante la complejidad de la geografía colombiana.

Según datos estadounidenses revelados en junio los cultivos de coca en Colombia aumentaron el 11 % en 2017 hasta alcanzar la cifra récord de 209.000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína pura también subió el 19 %, hasta las 921 toneladas métricas.

De acuerdo con la propuesta de Martínez, es la adopción de medidas para frenar el uso de dinero en efectivo y operación de empresas de giros y divisas, en zonas de cultivos ilícitos.

Así mismo plantea que para frenar la producción de cocaína se debe recurrir a la “innovación petroquímica para que los combustibles no rindan los factores actuales para la producción de clorhidrato de cocaína”.

El Estado también debe controlar la venta de gasolina en zonas productoras de coca y marihuana “las cuales son subsidiadas por el Estado y que estarían quedando en manos de los narcotraficantes”.

Igualmente plantea controlar el comercio del cemento en los sitios en donde se construyen grandes obras civiles.

La gasolina y el cemento hacen parte de los elementos utilizados para procesar la hoja de coca en cocaína.

Martínez enfatizó en que la estrategia de lucha contra el narcotráfico sea disruptiva y que el país no continúe debatiendo únicamente en torno al uso del glifosato.