De 2018 a 2022, la Superintendencia Nacional de Salud atendió 4.436.032 de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). Las principales preocupaciones de los usuarios fueron: demoras en la asignación de citas de medicina especializada y en la autorización y entrega de medicamentos.
De esta manera lo informó la Contraloría General de la República (CGR), que a través de su Delegada de Salud, desarrolló un estudio que aborda las preocupaciones de los usuarios de Entidades Promotoras de Salud (EPS) respecto a la atención en salud durante este periodo.
El análisis se centró en la gestión de 10 EPS del régimen contributivo y 21 del subsidiado, incluyendo 5 EPS indígenas, en relación con la prestación de servicios de salud en los últimos cinco años. La revisión de las inconformidades se realizó a partir de los reportes de usuarios de 31 EPS.
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El 38% de las PQRD (1.690.128) estuvieron relacionadas con "riesgo de vida", indicando situaciones en las cuales la vida o la integridad del paciente estuvo en peligro sin atención médica inmediata.
La revisión de los informes de la Defensoría del Pueblo reveló que entre 2018 y 2021 se presentaron 483.866 tutelas interpuestas por ciudadanos afiliados, con un promedio anual de concesión del 72.5% en primera instancia.
Las providencias emitidas por la Corte Constitucional indicaron que el 62.6% de estas estaban relacionadas con deficiencias en la atención, especialmente en servicios de consulta externa, atención hospitalaria, cuidados intensivos y tratamientos para diversas enfermedades. El acceso a medicamentos representó el 14.7%.
El análisis también señaló que la Superintendencia de Salud emitió ocho sanciones económicas, por un total de $6.642.848.730, a tres Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB): Medimás, Saludvida y Caja de Compensación Comfacundi.
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Estas sanciones fueron pagadas con recursos de la salud, lo que contraviene la ley, generando hallazgos con incidencia fiscal por un monto total de $26.301.001.979 en 20 EAPB durante el periodo 2018-2021.
El estudio recomendó que las entidades de vigilancia y control refuercen el seguimiento a la capacidad gerencial de las EPS, garantizando el cumplimiento de la normatividad, la calidad y oportunidad en la prestación de servicios, y la administración adecuada de los recursos del sistema para asegurar el derecho fundamental a la salud.
Finalmente, las deficiencias en la prestación de servicios de salud no solo pueden llevar a sanciones económicas a las EPS, sino que estas han utilizado de manera indebida los recursos del sistema de salud para afrontarlas, causando daño patrimonial al Estado e impactando negativamente la atención y calidad de vida de los usuarios.
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