La Defensoría del Pueblo reportó que desde que se realizó la intervención al sector del 'Bronx' en el centro de Bogotá, la entidad ha recibido 25 quejas formales por posibles violaciones a los derechos humanos, de personas que se identificaron como ciudadanos sin antecedentes, comerciantes, y propietarios de inmuebles del sector.  

Tras recibir las denuncias, la Defensoría trasladó las inconformidades a la Policía y a la Secretaría de Gobierno e Integración Social de Bogotá, en ese sentido, el ente de protección de los derechos humanos busca establecer la veracidad de las quejas y la situación legal de los reclamantes.

El primer grupo de personas supuestamente afectadas está integrado por diez ciudadanos, quienes manifestaron que en desarrollo de las acciones de ocupación, sus lugares de residencia fueron allanados y de manera agresiva "les apuntaron con armas de fuego, los golpearon, los amenazaron y recibieron descargas eléctricas".

Este grupo de personas aseguran haber sido despojados de sus teléfonos celulares y del dinero en efectivo que portaban al momento de la diligencia, sin que estos elementos hayan sido devueltos.

Igualmente, la Defensoría advierte que cuando estas personas fueron entrevistadas, indicaron que en el caso de sus hijos menores de edad, pese a que el ICBF comprobó que estaban en "buenas condiciones de salud", tuvieron que enviarlos a otras ciudades con el resto de su familia, pues no les permitieron mantenerlos a su lado.

Dentro de las 25 quejas, la Defensoría atendió un segundo grupo de siete personas, quienes denunciaron supuestos excesos de la fuerza pública, además indicaron que en sus lugares de habitación quedaron sus documentos y pertenencias, sin que hayan podido recuperarlas.

Denunciantes afirman no ser consumidores de droga

Dentro de las denuncias recopiladas por la entidad, esta la de dos mujeres y un hombre, quienes aseguran ser comerciantes en el oficio del reciclaje.

Las mujeres aseguran ser madres cabeza de familia, y propietarias de una empresa legalmente constituida, registrada en Cámara de Comercio y con empleados a su cargo, ninguno afirman ser consumidor de droga.

Una de ellas sostiene haber sido afectada con la incautación injustificada de siete millones de pesos representados en dinero efectivo y materias primas, monto que hasta el momento no habría sido devuelto.

Igualmente, la Defensoría tiene conocimiento de una denuncia de los propietarios de un inmueble en el sector de 'La L', quienes manifiestan que no han tenido la posibilidad de entrar al sector, para ir por sus bienes, luego de la intervención en el centro de Bogotá.

Bogotá | Colprensa