Las autoridades en el Cauca encendieron las alarmas tras el secuestro y el posterior asesinato de un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a menos de una semana de que se perpetrara la muerte violenta de 10 personas en medio de dos masacres al norte del departamento.

El plagio se registró el sábado en zona rural del municipio de Suárez (Cauca), donde fue abordado el escolta Fabián Eduardo Rivera Penagos por varios sujetos armados.

Horas después y gracias a información suministrada por la comunidad, la guardia indígena encontró en horas de la mañana el cádaver del plagiado, entre las localidades de La Betulia y Asnazú.

Según explicó el compañero de labores de la víctima, esta se encontraba de permiso, aprovechando el momento para visitar a la novia en el caserío de Altamirano, donde pernoctó. Ahí fue donde se presentó el rapto.

“El escolta que murió, era integrante del esquema de seguridad de la guardia indígena y presidente de la junta de acción comunal La Despensa de Toribío, Bernardo Ciclos”, indicó el comandante de la Policía del Cauca, coronel Rosemberg Novoa.

Mientras se confirmaba la noticia de este homicidio, el Ejército sosotuvo un enfrentamiento con un grupo armado en la parte alta de Suárez, a pocos metros del lugar donde se produjo esta privación de la libertad.

Fabián Eduardo Rivera Penagos era oriundo de San Francisco, zona rural de Toribío.

Después de esto, se conoció del ataque armado a otro integrante de la UNP, quien se movilizaba en una camioneta, que terminó impactada por disparos de arma de fuego. 

El funcionario salió ileso de este hostigamiento, que se presentó al nororiente del Cauca, donde días antes se había reportado el ataque a los integrantes del Resguardo de Tacueyó, con un saldo fatal de cinco comuneros fallecidos.

Mientras esto sucede, indígenas salieron a la vía Panamericana para realizar ‘plantones’, rechazando la matanza de sus compañeros en varias zonas del país.

De acuerdo con versiones de la comunidad rural, los ataques al personal de la UNP estarían relaciones con un posible ‘plan pistola’ contra funcionarios, quienes integran los esquemas de protección de líderes sociales, campesinos e indígenas del departamento.

En esta zona del país, hay presencia de disidencias de las Farc, así como del Clan del Golfo  y de los Pelusos.