La situación legal del expresidente Álvaro Uribe es objeto de controversia luego de que la Corte Suprema de Justicia trasladó a la Fiscalía el caso que lo tiene en detención domiciliaria, mientras en Estados Unidos se revelan sospechas oficiales de presuntos vínculos suyos con paramilitares.

La decisión de la Corte de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda es consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en el Senado, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasan a ser competencia de la Justicia ordinaria.

“Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del fiscal general de la nación (Francisco Barbosa) al detenido”, dijo la Sala Especial de Instrucción de la Corte  en un comunicado.

 Para el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, la decisión de la Corte muestra que el máximo tribunal está libre de cualquier sospecha con relación a Uribe, que desde sus años en la Presidencia (2002-2010) tiene un agrio enfrentamiento con los magistrados.

“La Corte Suprema de Justicia dio una muestra de imparcialidad, de que no está actuando como un agente político y que por el contrario aplicó las reglas (...) y da paso a la Fiscalía General de la Nación, que en primer lugar conserva con plena validez todas las decisiones y las pruebas que haya recaudado la Corte”, dijo a Efe Bernate. 

Lo que sigue

De acuerdo con el penalista, Camilo Burbano, el trámite en la Fiscalía se seguirá por ley 600 del 2000. “Lo que viene es que el fiscal general tendrá que decidir si define una asignación especial para que siga con la investigación, y se seguirá el proceso en lo que va, es decir, acá ya hubo decisión jurídica, pero la defensa puede pedir que revoquen esa medida de aseguramiento y el fiscal tendrá que decidir”.

En este caso, según Burbano, la etapa probatoria continúa, y estará en manos del fiscal encargado del caso si llama a juicio a Uribe o si precluye la investigación en su contra. En caso de ser llamado, será llevado ante un juez del circuito y allí se decidirá si hay responsabilidad penal o no.

Más señalamientos

Tras la detención domiciliaria de Uribe volvieron a salir a la luz esas versiones que el exmandatario siempre ha negado, e incluso unos documentos oficiales desclasificados que fueron divulgados el lunes en Estados Unidos aumentaron la controversia porque sugieren que Washington sospechó repetidamente del presunto vínculo entre el expresidente y paramilitares.

Uno de los documentos publicados por el centro independiente National Security Archives (NSA) es un memorando que muestra que durante la presidencia de George W. Bush el alto funcionario del Pentágono Peter Rodman alertó al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, de que era “casi seguro” que Uribe mantuvo tratos con paramilitares mientras era gobernador de Antioquia.

Pese a esas dudas, Rodman aclaró que no había visto “informes que sugirieran que las drogas fueran parte del panorama”, de acuerdo con el citado informe.

El Centro Democrático salió a defender a su líder y aseguró que la única relación que tuvo el exmandatario con los paramilitares fue enviarlos a prisión.

“El presidente Uribe fue una némesis de los grupos paramilitares. Durante su presidencia 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros fueron desmovilizados. Los únicos acuerdos que tuvo el presidente Uribe con los paramilitares fue mandarlos a la cárcel”, aseguró el partido en un comunicado.