La representación de víctimas de los desaparecidos en el Palacio de Justicia pidió a la Fiscalía que haga efectiva una orden de captura que dicen está vigente desde 2012 en contra del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por otros casos de desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia.

Según ese argumento, en 2012, cuando el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 30 años por la desaparición de la guerrilla Irma Franco y del administrador de la Cafetería Carlos Rodríguez, se anuló la actuación que la Fiscalía había adelantado por los otros nueve desaparecidos hasta la etapa de instrucción. Y allí, dicen los juristas, “es el estado procesal en donde el sindicado se encuentra cobijado por una medida d aseguramiento”.

En ese sentido, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo radicó ante la Fiscalía Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que se libre “la respectiva orden de captura o boleta de detención efectiva”.

Sobre este asunto y el fallo absolutorio que profirió a la Corte, librando de responsabilidad a Plazas Vega en estas dos desapariciones, Colprensa dialogó con el presidente del Colectivo, el abogado Luis Guillermo Pérez.

- ¿Por qué se pide una nueva orden de detención?

El Tribunal anuló lo actuado en relación con las demás personas desaparecidas, diciendo que había que profundizar sobre ellas, pero eso no implicó revocar la orden de captura o la medida de aseguramiento que pesaba sobre Plazas Vega por esos otros crímenes; por estamos pidiendo que la Fiscalía se pronuncie sobre el particular y establezca una orden de captura para evitar que vaya a huir del país.

- Y esa nueva investigación, ¿ha avanzado?

Sí, han aparecido algunas personas que estaban reportadas como desaparecidas. Aparece ahora un video que muestra que efectivamente Luz Mary Portela salió viva del Palacio y si salió viva, ¿cómo aparece luego muerta? Ahí está la responsabilidad del Ejército y tienen que dar cuenta de todos los desaparecidos, todos los torturados, de todos los ejecutados y de los miembros del M-19 que fueron detenidos y luego últimados.

- ¿Cómo recibe este fallo?

Hemos litigado este caso durante 30 años, nosotros no nos hemos inventado las pruebas de responsabilidad penal por las que hoy se absuelve al coronel Plazas. No nos inventamos los testimonios de agentes del Estado, de miembros del Ejército, que son los que han comprometido la responsabilidad penal de Plazas. El fallo de la Corte es deleznable, es un fallo vergonzoso.

- ¿Por qué cuestionan que la Corte haya negado que en el Holocausto hubo un entramado organizado de Poder?

Para nosotros es supremamente grave que la Corte no solamente no se ocupó de establecer la presunta falta de pruebas en los casos de Irma Franco y Carlos Rodríguez, sino que la Corte va más allá y lo absuelve frente a cualquier otra investigación penal por cualquier otro crimen internacional. La Corte niega que haya habido coautoría mediata de los hechos, que haya habido un aparato organizado de poder al interior de las Fuerzas Militares y el papel que tuvo Plazas Vega lo reconoce hasta el mismo expresidente Belisario Betancur, diciendo que uno de los principales responsables de la retoma había sido Plazas Vega.

- ¿Por qué se afectarían futuras investigaciones?

Eso extiende una patente de impunidad para muchos militares y miembros del Gobierno porque desconoce el contexto, que todo el alto mando sabía que el M-19 se iba a tomar el Palacio. Hicieron Inteligencia sobre los miembros de la cafetería del Palacio que consideraron eran afines al M-19 y también sobre los magistrados. La muerte de Carlos Horacio Urán es un ejemplo de ello: lo sacan vivo de Palacio, lo ejecutan y al día siguiente lo ponen en la escena del crimen y luego en Medicina Legal en la mesa de los guerrilleros. O sea que previamente la Inteligencia Militar por ser un hombre que reivindicaba la justicia social, era un hombre proclive a los guerrilleros y por eso lo ejecutan.

- La Corte dice que el proceso se centró en las dos desapariciones y que si hubo lesa humanidad se debe investigar pero que no era este el momento para referirse a la retoma…

Es lamentable. El contexto que quiere analizar la Corte es el contexto para favorecer a Plazas Vega y no el de la realidad de lo que pasó y entonces incurre en profundas contradicciones. Dice que la Brigada Séptima mintió porque no hubo tropas de Villavicencio que vinieran a Bogotá, pero sí hubo tropas y efectivamente Édgar Villamizar, que es el testigo fundamental, reconocen que era de la Séptima Brigada y que vino a Bogotá y luego dicen que no llegó a Palacio. Al descontextualizar, se muestra un sesgo y una voluntad política más allá de lo jurídico.

- La Corte compulsó copias de manera general para que se investigue la retoma, ¿cuál es el paso a seguir?

Lo hemos solicitado durante 30 años. Hubo un uso desproporcionado de la Fuerza Militar que condujo al desenlace fatal de casi 100 víctimas, así que sobre eso tendrán que rendir cuentas el Alto Mando militar, el presidente Betancur, el ministro de Gobierno de la época Jaime Castro y otros. Aquí también estamos hablando de que se torturó, se asesinó, se ejecutó extrajudicialmente personas, se destruyó, se lavó la escena del crimen, se amenazó luego a los testigos y a las víctimas durante años.

- ¿La investigación podría cobijar otros delitos y no solo uso excesivo de la fuerza?

Nosotros pedimos una investigación integral porque las valoraciones que hace la Corte Suprema son conjeturas. Que el Ejército sabía que iba a haber toma pero no cuándo, y entonces las pobres Fuerzas Militares fueron tomadas desprevenidas pese a que el M-19 había atentado contra el general Rafael Samudio hacía 15 días. ¡No! Eso es absurdo. Francamente no pueden considerar que las víctimas y la sociedad colombiana somos estúpidos.

- ¿Cómo analiza las menciones a otros militares como el general Jesús Armando Arias Cabrales y el comandante del B2 Edilberto Sánchez Rubiano?

Lo que uno puede deducir es que toda el agua sucia se la echan a Sánchez Rubiano. Que si alguien tiene que responder es una sola persona, que porque era quien controlaba la Casa del Florero, que porque él era B2, que porque era quién decidía sobre las personas sospechosas. Pero eso es sesgar el análisis porque no se ve todo el contexto de lo que pasó. Sánchez Rubiano no iba a detener y desaparecer personas ni a ejecutar a un magistrado, sin que haya tenido la complicidad del alto mando militar de la época. Plazas Vega sabía muy bien qué se estaba haciendo. Los cadáveres se lavaron y él estuvo ahí.

- La Corte también rechaza el testimonio de Yolanda Santodomingo, quien es una de las víctimas de tortura, porque no relacionaba a Plazas en sus primeras declaraciones y luego sí…

Todos la han escuchado. 30 años después sigue muy traumatizada por lo que sufrió. Le cambió radicalmente su vida y ella en su momento dijo lo que dijo en sus circunstancias emocionales. Luego dice que sí vio a Plazas Vega en la Casa del Florero y eso coincide con muchos otros testimonios y era el que estaba al mando aunque ahora se diga que no, que era Sánchez Rubiano. Sánchez Rubiano estaba de civil y al que referían todos era a Plazas Vega.

- Plazas Vega ha dicho que sabe que a Franco la desapareció el Ejército, ¿lo ha dicho ante la Justicia?

Él mismo dice que sabe quiénes fueron los miembros de las Fuerzas Militares que desaparecieron, torturaron y ejecutaron a Irma Franco y dice que los nombres no los da a la opinión pública sino a los jueces y nosotros no conocemos esa declaración al día de hoy. Así que si ha ocultado esos nombres durante 30 años, lo menos que se podía decir es que es cómplice de los responsables. No estamos hablando de una retoma respetuosa del Derecho Internacional Humanitario, acá se violó gravemente el derecho de gentes por parte de la Fuerza Pública.

- ¿Cómo van a proceder ante el Sistema Interamericano después de esta decisión?

Hay un compromiso de seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana y vamos a analizar en profundidad el fallo para argumentar por qué no es un fallo en derecho y por qué se constituye en un paso más hacia la impunidad, hacia una afrenta a las víctimas y a la propia sentencia de la CorteIDH. 

*Bogotá | Colprensa