El allanamiento a la Revista Cartel Urbano y las acciones de la Policía Nacional en diferentes ciudades del país han elevado los ánimos en gran parte de la sociedad, que considera que están dirigidas a intimidar y a obstruir el ejercicio de los periodistas, incumpliendo con el deber de promover el ejercicio de la libertad de expresión y ser tolerantes con la crítica.

Así lo consideró la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que calificó los hechos registrados el martes como una clara muestra de agresión, la cual crea un ambiente de miedo y censura entre los medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público.

“Desde el punto de vista de la Flip, la justificación para el allanamiento fue insuficiente, el procedimiento no se realizó bajo las garantías de ley y se realizaron acciones que violaron la reserva del archivo y la fuente periodística”, señaló la organización.

La Flip recordó que los estándares interamericanos sobre libertad de expresión fijan una vara muy alta en lo que respecta a la ‘incitación a la violencia’, por lo que se requiere una prueba actual, cierta, objetiva y contundente de que se tiene la clara intención y capacidad de promover la violencia y que no se busca simplemente emitir una información u opinión, por más chocante o molesta que sea.

La organización también resaltó otro hecho que tendría como finalidad censurar. Se trata de la solicitud que hizo la Policía Nacional al medio digital Cerosetenta, para que eliminara de su sitio web en manual de autoprotección contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el marco de la protesta social, asegurando que su contenido incitaba a la violencia y argumentando cifras no oficiales.

“Estos hechos se enmarcan en antecedentes de graves agresiones contra la prensa por parte de miembros de la fuerza pública durante el cubrimiento de manifestaciones”, señaló la Flip, que recordó que a lo largo del año se han registrado nueve ataques a periodistas provenientes de integrantes de la Policía. De este total, cinco casos fueron agresiones físicas, tres obstrucciones al trabajo periodístico y una exclusión.

Frente a esto, la Fundación solicitó una reunión con los representantes de Policía Derechos Humanos, Esmad, Inteligencia y comandantes de fuerza disponible, para que la Policía Nacional se comprometa en garantizar la libertad de expresión y el cubrimiento periodístico en torno a las protestas del 21 de noviembre.