El presidente Gustavo Petro no solo espera que la educación superior pública mejore las oportunidades de los jóvenes colombianos, sino que les arrebate combatientes a los grupos armados ilegales dedicados a actividades como el narcotráfico.

Así lo manifestó en una intervención que hizo en Putumayo. “En lugar de ser obreros del narcotráfico, los que hacen el trabajo sucio, jóvenes matando jóvenes, pueden entrar a las universidades que se tienen que abrir aquí”, aseguró.

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El Mandatario se refería a una de las apuestas de su Gobierno en materia educativa: construir universidades públicas que les permitan a los jóvenes estudiar en sus municipios y no tener que ir a otras ciudades para educarse.

La idea es descentralizar la presencia de universidades públicas. Según datos del Sistema Nacional de Educación Superior, de los 2.448.271 estudiantes matriculados en 2021 en el país, el 34 % estaban en Bogotá, el 13 % en Antioquia y el 6,9 % en el Valle del Cauca.

Es decir, más de la mitad de los estudiantes matriculados en todo el país se encuentran en la capital y en dos departamentos. Un panorama similar se da con los docentes de educación superior, pues de los 155.700 que hay en toda Colombia, 63.707 se encontraban en la capital de la República.

Pero para Hami Gómez, representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional, las cosas no se resolverían con la apertura de más sedes universitarias públicas en zonas apartadas.

“No estamos de acuerdo con la ampliación de cobertura sin la ampliación de recursos”, señaló Gómez.

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Y advirtió que esto aplica tanto nuevas sedes como para nuevos cupos. Su argumento es que el Estado debería cumplirles unas condiciones mínimas de calidad a las universidades públicas y a los estudiantes que ya existen hoy.

Por eso, para varios congresistas, la comunidad universitaria e incluso para el Gobierno mismo, está claro cuál es el primer paso para pensar en una reforma a la educación superior: cambiar la forma como se distribuye hoy la plata.

Presentarán una reforma

De cada $100 que les entran a las universidades públicas, casi $50 los consiguen por sus medios. Para cambiar esto, el Ministerio de Educación creó una Comisión de Reforma a la Ley 30 de 1992, que es la norma que regula la educación superior en Colombia.

La idea es centrarse en dos proyectos de ley que ya establecieron las bases para meterle el diente a la financiación. El Ministerio de Educación ha señalado que después de sopesar las propuestas de distintos sectores, en diciembre de este año presentará un borrador de proyecto de ley.

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La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, una de las congresistas que quieren cambiar la Ley 30, explicó que el dinero que les entra hoy a las universidades públicas se calcula con base en la inflación, que es el incremento en el costo de la canasta básica

Este dinero hoy no les alcanza a las universidades para cubrir sus gastos, por lo cual la propuesta es ajustar sus presupuestos a partir de un indicador que calcula el Dane y se llama Índice de Costos de la Educación Superior - ICES. Advirtió que de conseguir más recursos –se calcula que unos $2,5 billones– podrían mejorar su infraestructura, los programas de bienestar universitario y los protocolos para atender violencias basadas en género.

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