Por orden del Consejo de Estado, el Gobierno Nacional, representado en la presidencia y los ministerios de Defensa y de las TIC, tendrán que implementar un sistema electrónico único para la recepción de quejas y reclamos en torno a las posibles irregularidades en las operaciones judiciales.
El plazo máximo es de tres meses y siempre que no se afecte la confidencialidad del proceso. La norma busca que los ciudadanos cuenten con un sistema ágil para presentar quejas y reclamos a nivel nacional.
La decisión se dio luego de que el alto tribunal administrativo estudiara la demanda que interpuso un ciudadano que alegaba que habían pasado más de cuatro años desde que el Congreso, mediante el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, le impusiera al Gobierno el deber de implementar un sistema único para identificar y prevenir casos de abuso policial y demás irregularidades. El ciudadano aseguró que hubo un incumplimiento y pidió a la alta Corte que se ordenara expedir la plataforma.
Luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallara a favor de las pretensiones del accionante, el Consejo de Estado conoció el asunto y ratificó que el Gobierno incumplió su obligación legal de reglamentar un sistema unificado de identificación y prevención de irregularidades en la actividad policial.
Según la alta corte, le corresponde al presidente de la República cumplir este mandato. Por ello, ratificó que, en un plazo de tres meses (desde la ejecutoriedad del fallo), se debe expedir la reglamentación por parte del jefe del Estado y los ministros de Defensa y de las TIC, como lo impone el Código de Policía.
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