Ante el Juzgado 52 con función de Control de Garantías la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos a María Elvira Valencia Gómez, José Domingo Árdila Neira, Yessica Carolina Gómez Builes y Bibiana Marleny Arias Garzón, quienes presuntamente harían parte de una red criminal liderada por Marlon Marín Marín, sobrino del exguerrillero de las FARC ‘Iván Márquez’, y de quien se dice pretendía lucrarse de los recursos destinados para el posconflicto. 

A la audiencia que tardó un poco más de tres horas no se presentó el sobrino de Márquez debido a que se encuentra en Estados Unidos compareciendo ante las autoridades extranjeras por su presunto envío de droga hacía el exterior. Sin embargo, su abogado llegó para dejar constancia que se presentaron una vez fueron requeridos. 

En ese sentido, el fiscal del caso anunció que "las investigaciones de la Fiscalía pudieron detectar actuaciones irregulares a través de la búsqueda de adjudicaciones de contratos relacionados con la malla vial terciaria, con la estructuración indebida de proyectos productivos o intermediación irregular para la adjudicación de proyectos a financiarse con fondos establecidos con diferentes esquemas de paz”. 

De acuerdo con el fiscal estos hechos se realizaron valiéndose de su conocimiento en la estructuración de proyectos productivos y su experiencia laboral o conocimientos en temas de contratación. Para el fiscal, “el propósito común que se observó después del acuerdo fue obtener un provecho económico ilícito contrariando todo el marco legal y que ha sido dispuesto para el beneficio general de la comunidad particularmente, en las víctimas, los reincorporados y en últimas en la sociedad”. 

Según la Fiscalía el provecho económico que buscaban los procesados se traducían en porcentajes para los mismos, en caso de ser adjudicatarios de los contratos. Con estos señalamientos, para la Fiscalía es claro que se conformó una red de personas que giró en torno a Marlon Marín, y que los demás integrantes participaron desde la experiencia profesional, y queó “el provecho económico ilícito se obtendría a través diferentes líneas accin irregular, pero que leídas en conjunto demuestran intención de vulnerar el marco normativo que rige el posconflicto”.