La estrategia Bolsillos de Cristal sigue su marcha en el la rama judicial. A los certeros golpes que contra la corrupción se han dado en el ente acusador, ahora se suma un importante resultado en el funcionamiento de la jurisdicción ordinaria en el Meta.
Esta investigación, denominada Operación Caballistas, es el primer gran resultado de esta política.
La Fiscalía General anunció que imputará cargos a Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior del Meta por presuntamente hacer parte de una empresa criminal, junto con abogados y servidores judiciales para beneficiar a delincuentes desde el 2013.
Los sindicados en una audiencia que se desarrollará el próximo 10 de julio deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción. La vicefiscal María Paulina Riveros, señaló que esta organización, que funcionaría en el Meta y Cundinamarca, “tenía por objeto otorgar indebidamente subrogados penales a favor de los delincuentes, mediante decisiones relacionadas con redenciones de pena, sustituciones de detención privativa de la libertad por domiciliaria y suspensiones condicionadas en la ejecución de las sentencias”. Por estos hechos igualmente se anunció la expedición de 24 órdenes de captura en contra de seis jueces de garantías, asistentes de juzgados, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), abogados particulares y otros. Al parecer, se buscaba beneficiar con libertades a personas procesadas por delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico ilícito de estupefacientes.
Días atrás la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura sellaron una alianza en orden a preservar la integridad de la justicia frente a los riesgos de la corrupción. Riveros señaló que ante estas capturas el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira, desde la clínica El Country de Bogotá donde está hospitalizado, aseguró que: “la corrupción constituye una amenaza institucional intolerable y mucho más cuando se trata de la administración de justicia. Si la sal se corrompe será imposible extirpar este cáncer social”.
Cruzada en el Chocó
Múltiples operativos anticorrupción en las últimas semanas en el departamento del Chocó dejan hasta el momento 45 personas judicializadas y ‘en capilla’ a otras 50, anunció la vicefiscal, María Paulina Riveros.
La Fiscalía capturó a 12 personas, entre ellas una juez y un Defensor Público, por presuntamente pertenecer a una red que habría facilitado la graduación de más de 100 personas como abogados de la Universidad Tecnológica del Chocó entre los años 2014 y 2015, mediante actas de sustentación de grado falsas.
La información preliminar da cuenta que la juez, que en su momento fungió como docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, supuestamente cobraba entre $1.500.000 y $2.000.000 por firmar las actas, sin que hubiera la sustanciación previa del trabajo de grado por parte de los estudiantes.
Resumen de medios
