La Jurisdicción Especial para la Paz publicó este miércoles un auto en el que ordena a varias autoridades antioqueñas remitir información sobre los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en distintos puntos del departamento, uno de ellos en los municipios aledaños al proyecto hidroeléctrico de HidroItuango.
“La JEP solicita al gobernador de Antioquia, a EPM y a la empresa SOCYA entregar información sobre búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños al proyecto Hidroituango. También solicita al alcalde de Medellín información sobre búsqueda de personas desaparecidas en esa ciudad, en especial en la comuna 13”, precisa el documento del tribunal para la paz.
El documento ordena 24 acciones puntuales para que sean cumplidas por alcaldes, defensores regionales, funcionarios de la Fiscalía adscritos a Justicia y Paz, gobernadores y representantes de empresas que entreguen datos concernientes a personas desparecidas en los territorios en los que tienen jurisdicción.
La decisión fue elevada por la Sección para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, dependencia que procura el cuidado, la protección y la preservación de varios municipios de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre. La sospecha es que en esas poblaciones existan áreas con cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada. En otras palabras, se presume que en esos sitios haya fosas comunes.
Las 16 áreas estarían ubicadas en Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío (Antioquia); La Victoria, Riosucio, La Dorada, Samaná y Norcasia (Caldas); Lebrija, San Vicente de Chucurí y Cimitarra (Santander); Aguachica (Cesar), y Sincelejo, Corozal, San Marcos y San Onofre (Sucre).
En el caso concreto de Hidroituango, la JEP le da diez días de plazo al gobernador Luis Emilio Pérez Gutiérrez para que remita a la Sección “el contrato celebrado y demás documentos relacionados con la fundación SOCYA, quien a partir del contrato celebrado con Empresas Públicas de Medellín (EPM) y con la Fiscalía General de la Nación se encargó de ubicar posibles lugares de inhumación en sitios de interés para el proyecto de Hidroituango”.
Sobre este mismo contrato se solicitó información a Juanita Durán Vélez, subdirectora de Políticas Públicas y Estrategia Institucional de la Fiscalía, y a la representante legal de la fundación SOCYA, Juan Pérez Martínez.
A esta última se le requirió “un informe detallado y por escrito acerca de las acciones realizadas para la determinación de los lugares donde probablemente se encontraban cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada, así como la metodología utilizada, los protocolos establecidos, cartografía, material fotográfico y fílmico, registro de reuniones realizadas con las comunidades y con entidades oficiales; así como los resultados obtenidos”. También tiene un plazo de diez días.
Pero la sección solicitante va más allá y advierte que sobre los documentos que remita la mencionada fundación se decretó un peritaje forense.
En el punto 12 de la petición de medidas cautelares, la JEP requiere a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín y al Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz del Territorio Nacional para que remitan los informes referentes a la situación de los sitios denominados ‘La Escombrera’ y ‘La Arenera’ en la Comuna 13 de Medellín.
De este punto en particular, se le pide al alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, que envié toda la información acerca del apoyo, capacitación y lo realizado en cuanto a búsqueda, exhumación e identificación de cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada por parte de la empresa Falcon High Tech.
Esta firma se presenta en su página de internet como una empresa internacional de geofísica especializada en trabajos de ingeniería forense y judicial, entre otros. Esta sociedad española fue designada en 2016 para realizar pruebas en esas áreas para detectar posibles restos óseos. De allí el interés de la JEP, por conocer el proceso realizado.
En Caldas y Santander
Para el caso de Caldas, la medida le ordena a Elsa María Moyano, directora del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, que envíe a la JEP la documentación concerniente a las labores de búsqueda, exhumación e identificación de personas llevadas a cabo en la vereda La Pradera y Doña Juana Alta, jurisdicción del municipio de la Victoria (Caldas)
“Si no se han llevado a cabo exhumaciones, la prospección realizada para los mencionados territorios o con qué información previa se cuenta acerca de posibles cuerpos de posibles víctimas del delito de desaparición forzada inhumanos en los mencionados lugares”, indican.
En igual sentido, Wilson González Reyes, alcalde de Rionegro (Santander) fue requerido por esa instancia del órgano judicial.
