La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves la acción de tutela con la que el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, esperaba que la Fiscalía presentase un escrito de acusación en medio del prolongado proceso que la justicia sigue en contra de Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

Para el alto tribunal, el reclamo es improcedente, puesto que el proceso judicial tiene etapas procesales en las que se puede controvertir la labor de la Fiscalía sin recurrir a un mecanismo que debe ser extraordinario, como la acción de tutela. Por lo tanto, la decisión de acusar o no al exmandatario sigue únicamente en manos del ente investigador.

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La tutela llegó a la Corte por la vía de una impugnación presentada por Cepeda en noviembre del año pasado, cuando el Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo de primera instancia desestimando ese recurso constitucional. Cepeda, inconforme, le pidió a la Corte reevaluar sus argumentos, pero no encontró respaldo.

El caso arribó a la Fiscalía hace más de tres años, luego de que el expresidente Uribe renunció a su cargo como senador. La Corte determinó en 2020 que había pruebas para encerrar a Uribe de forma preventiva, por lo que el líder del Centro Democrático decidió apartarse de su escaño y el expediente pasó a la administración de Francisco Barbosa.

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Desde el 16 de enero la causa está en poder del fiscal Gilberto Iván Villarreal Pava. El entonces fiscal Barbosa aceptó que el fiscal Víctor Salcedo se apartara del proceso, pues el excandidato a contralor se declaró impedido una semana antes, luego de unos dos días con el expediente en su despacho tras la renuncia del Andrés Palencia Fajardo.

El argumento de Salcedo fue que en 2020, en un portal web de Bucaramanga, escribió una columna de opinión en la que se opuso a la determinación de la Corte Suprema de Justicia, que entonces detuvo a Uribe en su finca. Para Salcedo, el proceder del alto tribunal fue contrario a los derechos fundamentales del expresidente.

El exfiscal Barbosa, luego de aceptar el impedimento, le encomendó al fiscal Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte, designar a un nuevo investigador.
Jaimes fue el primer fiscal que adelantó labores en este caso cuando los folios contra el exmandatario pasaron de la Sala de Instrucción de la Corte a la Fiscalía General, después de la renuncia de Uribe al Congreso.

El coordinador de delegados ante la Corte fue el primer funcionario que pidió que el proceso precluyera. Su solicitud fue negada por una jueza de Bogotá, por lo que luego entregó el caso a otro funcionario.

Su tarea, entonces, fue la de designar al quinto fiscal a cargo del proceso en el que Uribe está imputado por fraude procesal y soborno en actuación penal. Ese quinto investigador, Villarreal, debe de decidir si acusa al exsenador y expresidente, y lo llama a juicio, o pide otra vez una preclusión, ya negada por dos juezas y un tribunal.

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