El año que comienza implicará un nuevo reto para la Registraduría Nacional, pues desde ya está concentrada en la organización de las elecciones al Congreso y la Presidencia de la República que marcarán la agenda política del país y definirán el rumbo para el próximo cuatrienio.

La tarea pinta compleja, toda vez que, además de que todavía no se cuenta con el dinero para las consultas interpartidistas  en las que los partidos y movimientos elegirán, el 11 de marzo, a sus candidatos presidenciales, la organización electoral está a la expectativa del futuro de las curules de paz, que de prosperar implicarán un trabajo adicional.

El registrador, Juan Carlos Galindo, habló de lo que fue el 2017 para la entidad que dirige y de las diferencias surgidas con el Ministerio de Hacienda por los dineros para las consultas mineras, protagonistas durante el año que termina.

¿Cuál es la evaluación de lo que pasó durante el 2017 en materia electoral?

Este año para la Registraduría ha sido de éxitos. Hemos trabajado en diferentes ámbitos dentro del plan estratégico de la entidad, tanto en el fortalecimiento institucional como en ambas ramas misionales (identificación y procesos electorales). En este año hemos tenido 8 procesos de revocatoria, alrededor de 10 elecciones atípicas y unas 6 consultas populares (mineras), además de la consulta del Partido Liberal, y desde agosto hemos venido trabajando en las elecciones de Congreso y de presidente.

¿2018 traerá finalmente el voto electrónico?

No. Estamos fortaleciendo el sistema electoral con el mejoramiento en los formularios de registro de votantes, al igual que en los de escrutinios de mesa.

¿Cuánto van a costar las elecciones de Congreso y Presidencia de la República?

Las dos elecciones de 2018, que acarrean tres procesos de votación, con todo lo que ello implica, le costarán a la entidad $1,7 billones.

¿Ya está apropiado ese dinero?

Todo eso está listo, organizado y garantizado por el  Ministerio de Hacienda, así que desde el punto de vista presupuestal no tenemos ninguna dificultad.

¿Cómo ha sido la preparación del proceso electoral con un país ya sin las Farc de por medio?

Hoy vemos un escenario mucho más favorable para que más regiones del país puedan votar con plenas garantías. Eso nos anima mucho.

¿Esto podría redundar en una disminución de la abstención?

Desde la Registraduría esperamos que esto implique un aumento significativo en la participación de los colombianos.

Curules de paz

Las curules de paz siguen en el limbo, ¿está preparada la Registraduría para asumir esta nueva elección, en caso de que se defina que la reforma sí es válida?

Hay que tener claro que la Registraduría, mientras no haya una norma constitucional que cree esas circunscripciones, no puede adelantar ningún trámite del proceso electoral.

Pero, ¿ante la hipotética posibilidad de que termine el Gobierno teniendo la razón?

En este caso, y suponiendo esa situación hipotética de la que usted habla y de que existiera la norma, le puedo decir que en estos momentos nosotros no tenemos la posibilidad de organizar un proceso electoral para el 11 de marzo de 2018. Los tiempos no nos dan. 

¿Por qué?

Es que mire, adicional a lo que implica la preparación de un proceso de esta naturaleza, necesitamos definir dónde van a quedar los puestos de votación y eso implica un trabajo de campo de nuestra gente, y la verdad no nos da el tiempo.

Es decir que, así lleguen los jueces en los próximos días y definan las acciones judiciales propuestas para esclarecer este tema, ¿igual no se podrán llevar a cabo el 11 de marzo?

Exacto, no hay tiempo. No podemos contar con el  11 de marzo para ello. En caso tal habría que pensar en otra fecha. Y eso está a cargo del constituyente.

Consultas mineras

El 2017 fue un año de consultas mineras. ¿Cómo fue ese proceso?

A lo largo del 2017 llevamos a cabo las consultas populares para las que contamos con recursos del Ministerio de Hacienda, esto hasta el momento en que el Ministerio dijo no tener más recursos para ello y decidió que esos procesos debían estar en manos de las entidades territoriales.

¿Esta nueva decisión no afecta la transparencia y las garantías necesarias?

Nosotros le manifestamos al Ministerio de Hacienda que no consideramos eso; que Hacienda y la Nación debían financiar ese tipo de procesos electorales. Ante la negativa de Hacienda decidimos pedirle al ministro del Interior que le solicite a la Sala de Consulta del Consejo de Estado que nos diga quién debe sufragar ese tipo de gastos. Nosotros no tenemos dinero para esas consultas.