El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, recientemente admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la condición de que Justicia y Paz también lo siga procesando, tiene cuentas pendientes con la jurisdicción especializada en el paramilitarismo.
De acuerdo con un balance presentado por la magistratura de control de garantías de Justicia y Paz, actualmente Mancuso es procesado por ocho fiscales delegados en al menos cuatro ciudades colombianas: Barranquilla (Atlántico), Santa Marta (Magdalena), Valledupar (Cesar) y Bogotá.
Junto a Mancuso, otros 198 desmovilizados de los bloques Norte, Catatumbo, Córdoba, Montes de María y Casa Castaño, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han sido imputados por varios patrones de macrocriminalidad, incluyendo el homicidio en persona protegida.
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Mancuso ha sido señalado por su responsabilidad, como comandante de las AUC, en más de 42.4 mil hechos que dejaron 59 mil víctimas. Más de 24 mil de los casos fueron formulados ante magistrados de control de garantías en Bogotá como parte de un proceso de descongestión judicial.
En las distintas audiencias de formulación de imputación, la Fiscalía ha puesto de presente el papel de Mancuso en los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado de la población civil, violencia basada en género y varios otros crímenes conexos a los distintos patrones de macrocriminalidad.
La Fiscalía, asimismo, ha develado que en las filas de Mancuso se cometieron al menos 326 hechos que se enmarcan en el patrón de violencia basada en género, incluyendo el acceso carnal violento o los actos sexuales violentos, todos ellos en personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
Aunque los procesados aceptaron los hechos, Mancuso aseguró que no se trató de una política impregnada en su grupo. Por ello, fue imputado por omisión, es decir, por conocer que ocurrían delitos sexuales y no hacer nada al respecto aunque fuese el máximo superior en la línea de mando.
Además de las distintas imputaciones, este lunes la Sala Penal de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla hizo oficial la medida de aseguramiento número 32 en contra de Mancuso, debido a “masivos y sistemáticos crímenes cometidos entre 1996 y 2006”.
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Entre los delitos imputados a Mancuso y otros doce exparamilitares se encuentran homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencias basadas en género “y otros crímenes de guerra”, cometidos en Magdalena y Cesar. Los hechos dejaron más de 1.150 víctimas.
Salvatore Mancuso continúa detenido en Estados Unidos, a la espera de la resolución de un proceso de extradición que hasta ahora ha sido fallido. En distintas cartas se ha comprometido a buscar personas desaparecidas por paramilitares, algo que espera cumplir una vez regrese a Colombia.
La Fiscalía también tiene la labor de buscar a esas personas, de acuerdo con lo ordenado por el Tribunal de Barranquilla. Entretanto, Mancuso, también nombrado gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro, apeló la decisión de la JEP que lo incluyó en la Jurisdicción nacida del Acuerdo de Paz de 2016.
La JEP lo clasificó como un sujeto materialmente incorporado en la Fuerza Pública gracias a su rol de “bisagra o punto de conexión” entre los militares y los militares. Sin embargo, resolvió que Justicia y Paz siga juzgándolo con base en su papel como comandante paramilitar.
Mancuso apeló la decisión pues considera que su verdad no puede fragmentarse en distintos escenarios judiciales, sino que debería decantarse completamente en la Justicia Especial para la Paz. La Sección de Apelación del Tribunal de Paz será quien tenga la última palabra.
Mientras que la Sala de Justicia y Paz aún tiene pendiente estudiar si ordena la libertad definitiva de Mancuso al regresar al país, algo que la Corte Constitucional le ordenó analizar, o si mantiene vigentes las 32 medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra del exjefe paramilitar.
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