Quietas, muy quietas, arrancan las grandes reformas sociales en el Congreso de la República, ya que ninguna de ellas, ni salud, pensional o laboral, harán parte de las prioridades que tendrán los senadores y representantes para esta, la primer semana de sesiones que arrancó el viernes pasado.

La reforma pensional, que al cierre de la última sesión de diciembre de 2023 se había anunciado para la primer plenaria del 2024 no se cumplió, esto porque según indicó el presidente del Senado, Iván Name, a petición de los ponentes del proyecto se pidieron otros días.

En el mismo sentido se pronunció la presidente de la comisión VII, senadora Marta Peralta, una de sus ponentes, quien estimó que en necesario seguir logrando consensos entre los diferentes sectores para llegar con un texto muy acordado a la plenaria y así abrir el debate a la espera que se apruebe para que llegue a la Cámara.

La postergación se da pese a que el Pacto Histórico urgió la semana pasada al presidente Name a que metiera el proyecto de inmediato a la discusión, pero es desde esa misma coalición en donde se pide más tiempo, por lo que sería un hecho que tan sólo se empiece a discutir en marzo, en dos semanas.

La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, recordó que la reforma tiene por el momento 3 ponencias, una que propone archivo, las otras difieren por lo menos en once aspectos. Lozano además informó que espera recoger comentarios de los ciudadanos para incorporar sus recomendaciones en la discusión final. “Estoy reuniéndome con expertos de todas las orillas, me interesan puntos de vista pluralistas y disímiles”. 

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Petro acusa a la derecha de sabotear la reforma a la salud
Los ánimos, como era de esperarse, están mayormente crispados con el trámite de la reforma a la salud, la cual está para ser discutida en la Comisión Séptima del Senado. Pero antes de comenzar a discutir lo que se debe hacer en nombrar formalmente al nuevo ponente que reemplace a la fallecida senadora Piedad Córdoba, quien murió en enero pasado.

Ayer hubo varias situaciones entorno a la reforma a la salud, el primero fue el presidente Gustavo Petro, quien volvió a hacer una defensa extrema de su proyecto que se tramita en el Congreso y aseguró que es desde la extrema derecha que no desea que pase el proyecto y que sólo buscan favorecer a los grandes conglomerados de la salud.

“La extrema derecha sabotea el proyecto buscando que la intermediación privada financiera se mantenga y aumenten los dineros públicos hacia ella. Si ustedes suman las transferencias públicas que se hacen a las EPS, con las transferencias públicas a fondos privados de pensiones, también agotados, con las de las concesiones de carreteras profundamente deficitiarias, con el déficit de las comercializadoras eléctricas, con las transferencias al fondo de estabilización de combustibles para subsidiar gasolina y diesel, y al gran déficit presupuestario que creció por financiar la respuesta al covid con la deuda pública y no desde la emisión como hicieron los países del norte; entonces, sabrán que las finanzas del estado están a punto de colapso”, escribió el mandatario nacional.

Un movimiento más lo dieron congresistas del Centro Democrático, el partido de oposición, desde le enviaron una carta al presidente del Senado para solicitarle que la discusión de la reforma no siga en la Comisión Séptima como fue en la Cámara, sin que sea en la Primera del Senado porque compromete un derecho fundamental como es la salud.

En tal sentido la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, “señaló que hemos radicado con la firma de siete senadores de la Comisión Primera, una carta para el presidente Name, pidiéndole que la ley de salud sea tramitada como lo ordena la Constitución, como ley estatutaria y en la Comisión Primera del Senado”.

Valencia y los otros senadores señalan además que “es necesario señalar que cuando el Congreso de la República discutió y aprobó la Ley 100 de 1993, como ley ordinaria, el derecho a la salud no tenía la relevancia constitucional que tiene hoy.

Mal podría considerarse que las modificaciones al sistema de seguridad social en salud pueden realizarse por medio del mismo trámite de hace 30 años. Máxime cuando los preceptos normativos y jurisprudenciales que se han desarrollado en el país a lo largo de los últimos 16 años en la materia han permitido consolidar varios aspectos del derecho fundamental a la salud”.

En las filas del conservatismo, tanto su presidente, senador Efraín Cepeda y la ponente Nadia Blel, reiteraron que van a votar negativamente el proyecto.

 La senadora Blel al respecto afirmó que “mi postura como senadora y bancada es no acompañar la reforma porque temas como la sostenibilidad financiera, el tiempo de transición necesario, la gestión del riesgo en salud entre otros aún no se encuentran resueltos en la misma”.

Reforma laboral sin programar
Y finalmente la reforma laboral, la cual a diciembre pasado ya se la había aprobado cerca del 30% del articulado en la comisión VII de la Cámara, por ahora en el comienzo de estas sesiones no está programada para que siga su discusión.
En tal sentido se pronunció la presidente de la comisión, María Eugenia Lopera, por ahora a solicitud de ponentes y de otros sectores se darán unos días más para lograr acuerdos que hagan más fácil la aprobación de la misma.

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¿Habrá modificaciones en la Constitución?
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó varios aspectos de lo que se espera que se convierta en un primer paquete de proyectos, que se presentarán al Congreso el 20 de julio, para reformar la justicia.

Entre sus declaraciones, mencionó que “la reforma no incluye tocar la Constitución”, a pesar de que en los anuncios iniciales de la conformación de la Comisión de Expertos se mencionó la posibilidad de modificar apartes de la Carta. Sin embargo, Osuna destacó que, aunque la “instrucción” del presidente Petro es no modificar nada de la Constitución, “varios” miembros de la Comisión para la Reforma a la Justicia “han hablado de la conveniencia de introducir algunos pequeños retoques a la Constitución”.

El funcionario expresó que el Gobierno contempla modificar principalmente algunos aspectos del sistema penal acusatorio, como “desbloquear las posibilidades del principio de oportunidad”.

Además, en los ejes de la reforma se discutirá la prevalencia “de allanamiento a cargos, de negociar entre la Fiscalía, jueces y delincuentes la pena a cambio de obtener información que permita reparar a las víctimas y desmantelar estructuras”.

El jefe de la cartera de Justicia puntualizó en que la idea principal será aligerar los procedimientos en las jurisdicciones civil, laboral y administrativa, enfocando los esfuerzos en que la justicia sea “más cercana” a la ciudadanía. Sobre la Procuraduría, Osuna manifestó que “numerosos estudios y personas que consideran que esa institución ya no tiene la importancia, el alcance, que tuvo en años anteriores”, principalmente porque otras instituciones tienen algunas de sus funciones originales.

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En ese sentido, el Gobierno espera ajustar el funcionamiento de la entidad a los parámetros internacionales. “Merecería un retoque”, dijo, al tiempo en que aclaró que “el Gobierno nunca ha considerado que la Procuraduría se deba eliminar”.

En Blu Radio, el titular del sector del Derecho remarcó que “no está en la agenda nada relacionado con la reelección presidencial” y aprovechó para criticar a la oposición, a la que considera “tan desubicada” que se “inventan una cosa que no existe”.

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