Parece ser que no solo el Metro de Bogotá se vería afectado por la disputa que hay entre Claudia López y el presidente Gustavo Petro. La preocupación aumentó después de las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que señaló que otras obras cofinanciadas por la Nación de Bogotá podrían revisarse.
La incertidumbre cae sobre seis obras donde el gobierno es cofinanciador y que afectarían a más de 2,5 millones de bogotanos.
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Entre otras obras que corren riesgo de detenerse están la segunda línea del Metro, que es una construcción subterránea de 15,5 kilómetros de extensión; la Avenida Calle 13 – Fontibón, que es un proyecto de ampliación de una vía para el sector de carga; Regiotram del Norte, un tren de cercanías de la Sabana que pretende conectar a Bogotá con el municipio de Zipaquirá y beneficiará diariamente a un millón de usuarios. Todas tendrían una inversión superior a los $10 billones.
También hay otras tres obras de Transmicable las cuales requieren inversiones de $1,2 billones y movilizarían a más de 300.000 personas cada día. Estas son el Cable aéreo Ciudad Bolívar – Soacha, que tendría 3,4 kilómetros de recorrido, al igual que los dos cables aéreos del centro, que beneficiaría a los habitantes de las localidades de Santa Fe y La Candelaria.
¿Se pueden finalizar esos contratos?
Respecto a la validez de que el presidente pueda decidir no entregar el dinero para las obras, José Stalin Rojas, profesor y director del Observatorio de Movilidad y Logística de la UNacional, explicó que políticamente puede pasar que el presidente demore la entrega del dinero pero debido al compromiso que se tiene con la firma esto sería afectar el cronograma.
“Puede políticamente demorar la entrega del dinero. El compromiso vigente con la construcción que se está haciendo es aportar 70%, y al proponer la modificación y aportar el presupuesto que demanda está modificación, está atentando contra el contrato firma, es decir contra el cronograma”.
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Agregando que, la construcción actual debe seguir porque está bajo contrato mientras no haya una modificación contractual, pero lo político puede interrumpir este cronograma.
El desacuerdo
El conflicto está en que Gobierno quiere que la obra por la avenida Caracas, desde la Primera de Mayo hasta la calle 72, sea subterránea por temas de planeación urbanística y movilidad de pasajeros.
Y si bien, en línea con la sugerencia del Gobierno, se acordó con la administración distrital crear dos mesas, una jurídica y otra financiera, para analizar la viabilidad de este ajuste, hay quienes ya estiman el sobrecosto que supondría este cambio.
De acuerdo con las declaraciones de Leonidas Narváez, gerente general de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), “el presidente manifestó que las dos opciones viables que presentó el consorcio no parecían adecuadas, sino una opción en la que desde la estación ocho, en la avenida Primera de Mayo con Carrera 50, hasta la calle 72 fuera subterráneo, esta tiene un costo de $7,2 billones en capex, que requiere ser financiado y ese valor total sería de $15,3 billones”.
Narváez también ha dicho que si se llega a modificar el proyecto, en lugar de entrar en operación comercial en 2028, la fecha sería en 2034.
Bogotá y sus proyectos de infraestructura
Obras como las del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Transmilenio, Metro de Bogotá y las concesiones público - privadas 5G estarían registrando un impacto de hasta 0,8% (2022) sobre el PIB nacional.
Así lo afirma el último informe de perspectiva sectorial e infraestructura de Corficolombiana, el cual muestra un balance de las principales obras que se están ejecutando la capital.
Desde un panorama general, con corte a diciembre de 2022, en Bogotá hay 44 proyectos de infraestructura en etapa de construcción con avance promedio de 39% y capex acumulado de $10,9 billones de 2022, lo que corresponde a 1% del PIB.
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